El Gobierno vasco ha firmado con Acaip-UGT el acuerdo que mantiene las condiciones de trabajo del personal de prisiones, del que se han descolgado el resto de sindicatos, y en el que se recoge el compromiso de abrir un periodo de negociación para determinar la estructura organizativa y la relación de puestos de trabajo.

Este acuerdo, según la central firmante, mayoritaria en las cárceles de Euskadi, garantiza las condiciones de trabajo actuales del personal de prisiones, cuya gestión asumirá el Ejecutivo de Vitoria a partir de este próximo viernes, 1 de octubre, lo que permite que en esa fecha haya un "marco jurídico estable y claro" para que estos trabajadores puedan seguir desempeñando sus funciones.

Este acuerdo, que debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno vasco, "no es el final, sino el principio para establecer las condiciones de trabajo" de este colectivo, según ha señalado Acaip-UGT. Por ello, su vigencia se establece hasta el 31 de diciembre de 2023 para poder negociar todos los aspectos necesarios que precisa un sistema penitenciario nuevo.

Con el ánimo de ir aprobando estas adaptaciones en el menor tiempo posible se ha establecido un primer periodo de seis meses para la negociación de materias como la determinación de la estructura corporativa penitenciaria vasca, la relación de puestos de trabajo, las jornadas y horarios específicos, la provisión temporal de los puestos de trabajo y la tipología del personal, la regulación de comisiones de servicio y la prevención de riesgos laborales.

También estarán sobre la mesa las medidas para la prevención de agresiones, los planes de igualdad y de normalización lingüística, el estudio de los requisitos normativos para la declaración de autoridad, la defensa jurídica y la designación de puestos de trabajo a determinados funcionarios del Cuerpo Especial y del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias por razones de edad.

Acaip-UGT subraya en una nota que el acuerdo suscrito mantiene de momento jornadas, horarios y permisos y no incluye "ningún recorte de condiciones de trabajo ni merma retributiva". Además, una vez que se negocien las relaciones de puestos de trabajo los incrementos retributivos tendrán efecto desde el 1 de octubre de 2021.

El acuerdo mantiene con carácter transitorio la legislación estatal, por el que se puede solicitar la segunda actividad.

El Gobierno vasco, que ha calificado lo ratificado de "prudente", ha precisado en un comunicado que se garantiza que cuando sea necesario, la plantilla perciba el salario de los niveles mínimos de la Administración Vasca, lo que supondrá un incremento en la nómina de algunos trabajadores.

También ha explicado que en el capítulo de la antigüedad habrá cambios, ya que se equipará a los términos que afectan al personal de la Administración de Justicia del País Vasco, lo que también supondrá "de inicio" una mejora salarial para todas las nóminas.

En el capítulo de viviendas, se asumen las obligaciones respecto al disfrute de su uso en los centros penitenciarios, de manera que se irán rescindiendo en la medida que venzan los acuerdos firmados con anterioridad a la fecha de la transferencia.

ELA sin embargo no comparte la visión del sindicato firmante y considera que el acuerdo "hipoteca" el cambio de modelo propugnado por el Gobierno vasco.

Delegados de esta central se han concentrado este lunes ante la sede del Ejecutivo autonómico en Vitoria para mostrar su rechazo porque en el documento "se da continuidad al modelo estatal", ya que no plantea la ampliación de plantilla a través de las OPE.

A juicio de ELA, "se abre la puerta aún más a la privatización". También critica que no se incluye el inicio de los planes de euskaldunación e igualdad ni la puesta en marcha de un plan de formación.

Por todo ello, avanza que seguirá trabajando para lograr un "sistema penitenciario propio, libre de hipotecas del pasado, basado en el objetivo último de lograr la reinserción de las personas privadas de libertad".