El año judicial levanta el telón en pleno incendio. El bloqueo en la remodelación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene a PSOE y PP permanentemente cruzándose exabruptos en público, ha provocado que el 31 de agosto el órgano de gobierno de los jueces superara los mil días en funciones, una situación de interinidad que se remonta a diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años que consagra la Constitución. Este enquistamiento se ha mantenido desde entonces por la repetición electoral de 2019 y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El último episodio al respecto se vivió el pasado jueves, con el rifirrafe entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el líder de la oposición, Pablo Casado, que le echó en cara sus argumentos por negarse a que los magistrados y no el Parlamento elijan a la mayoría de los vocales. El Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza la reforma que desde Génova se pone como exigencia -que los jueces elijan a doce de los veinte vocales- porque, según Moncloa, todos los poderes deben tener "base democrática" y "es el Parlamento, los representantes legítimos de los ciudadanos, quien ha de elegir los tres poderes". El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ya avisó "a los poderes públicos concernidos" en la apertura de hace un año que esta situación representa "una seria anomalía", mensaje que hoy reproducirá pero elevando aún más el tono contra las formaciones políticas responsables.
En verdad, el PP no solo está poniendo trabas en la renovación del CGPJ, sino también en la de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), del Defensor del Pueblo y de los ministros del Tribunal de Cuentas. Desde el Gobierno y otras fuerzas que respaldan al Ejecutivo perciben claramente que la estrategia popular responde a que este escenario, con una composición del Poder Judicial mayoritariamente conservadora, les beneficia en los juicios pendientes por corrupción. De hecho, juzgados y tribunales se preparan para arrancar el nuevo curso en el que la Audiencia Nacional dirimirá si el PP pagó parte de la reforma de su sede mediante una contabilidad B. Será uno de los casos estrella donde actuará la Justicia, que debe pronunciarse también sobre los indultos a los líderes del procés y acerca del segundo estado de alarma. Será también la temporada donde se verá al excomisario José Manuel Villarejo sentarse por primera vez en el banquillo de la Audiencia Nacional (AN), donde hay abiertas 30 líneas de investigación sobre los negocios del policía retirado.
Villarejo será juzgado a partir del 13 de octubre por tres de esas piezas (Iron, Land y Iron, LandPintor presuntos encargos de espionaje donde están involucrados desde las herederas de la urbanización de lujo La Finca en Madrid, hasta empresarios como Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, que figura entre los acusados. La Fiscalía pide para el comisario, en conjunto, más de 99 años de cárcel. Sobre otra de esas piezas, Kitchen, la Fiscalía debe decidir si recurre el fin de las pesquisas sobre el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, hechos por los que el juez procesó al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la cúpula de su departamento, dejando fuera a la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal y a su marido.
De la sede 'popular' a 'Púnica'
Pronto se conocerá el fallo sobre el presunto pago de la reforma de la sede del PP a cuenta de la supuesta caja B, reflejada en los papeles de Bárcenas. El extesorero, en prisión por la red Gürtel, y el fiscal considera a la formación responsable civil subsidiaria. Por otro lado, el juez Santiago Pedraz debe decidir si continúa adelante con el procedimiento en el que se ha investigado si las presuntas donaciones de empresarios al PP anotadas por Bárcenas eran a cambio de adjudicaciones públicas u otros favores, o si lo archiva. Entretanto, seguirá la investigación de casos como Púnica, sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, con los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González imputados.
El calendario de juicios alcanza otros espectros ideológicos y sociales. Entre ellos, este próximo 21 de septiembre tendrá lugar la vista con el exsecretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez como acusado por dar presuntamente una patada a un policía en una protesta de 2014. Un día después, casi una treintena de acusados serán juzgados por los negocios de la Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid); mientras que continuará la instrucción del caso Neurona, en el que se investiga si hay irregularidades en el contrato que suscribió Podemos con esa consultora de cara a las elecciones de 2019. De esta causa derivó otra, en plena investigación, para determinar si la ministra Irene Montero y su asesora pagaron a la segunda con fondos del partido para que cuidase de su hija. Otro caso abierto atañe a una presunta agresión del líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, a un ciudadano, por lo que podría ser juzgado por delito leve de maltrato.
Otras causas más relevantes, y de alcance mediático, sentarán en el banquillo al expresident Jordi Pujol y a sus siete hijos; asistiremos a varias piezas del caso Lezocon el expresidente madrileño Ignacio González como acusado; o al caso Nummaria, donde los actores Imanol Arias y Ana Duato están acusados de presunto fraude a Hacienda, y que están aún pendientes de fecha de juicio. Además, el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, se halla a expensas de la decisión de la Justicia europea sobre la euroorden y la posterior actuación que acuerde el magistrado del Supremo Pablo Llarena. El asunto que afecta a los nueves presos soberanistas indultados, en manos del TS, previsiblemente no se resolverá antes de primavera. Por su parte, la legalidad del segundo estado de alarma, decretado en octubre y que duró seis meses, será sometida a debate este mes de septiembre por el Tribunal Constitucional, que ya anuló el primer confinamiento al considerar que el paraguas jurídico adecuado era el estado de excepción.
Más historias pasarán por el tamiz de la Justicia. El Supremo debatirá el 19 de octubre el recurso de Vox y el PP contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala general del Estado tras su etapa como ministra de Justicia. Y, además, es probable que en los próximos meses el TS resuelva el recurso de la sentencia de los ERE de la Junta de Andalucía. Más televisiva, la operación Titella, por la que fue detenido el productor José Luis Moreno, a quien la Policía considera líder de una red criminal presuntamente dedicada a la estafa y el blanqueo.
Las 'excusas' del PP
El actual CGPJ cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Carlos Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. Su composición de mayoría conservadora -elegida cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta- nada tiene que ver con la realidad parlamentaria presente. Pero el partido de Pablo Casado ha desplegado todo un ramillete de excusas oscilantes para evitar renovar el órgano de gobierno de los jueces. Desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones a tipificar de nuevo el delito de referéndum o reformar la euroorden. Es más, desde la fuerza conservadora también se ampararon en el sí de EH Bildu a los Presupuestos de 2021 o en la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía y de los presuntos casos de corrupción que la acechan.
En las últimas semanas la estrategia desde Génova es promover un cambio en el sistema de elección de los vocales para que los doce de extracción judicial sean seleccionados directamente por sus compañeros, como pasaba hasta 1985, reforma que el PP no promovió en sus dos mayorías absolutas. Hoy en día lo que se hace es que los jueces procedan a una criba de nombres para que luego los partidos escojan, siempre que se llegue a esa mayoría en el Congreso. Arranca el curso judicial y prima más el interés político que la Justicia.
causas a la vista
sede del pp
La AN dirimirá sobre el presunto pago de la reforma de la sede del PP mediante la supuesta caja B, reflejada en los 'papeles de Bárcenas'. El extesorero, en prisión por la 'Gürtel', es el principal acusado, y el fiscal considera a la formación responsable civil subsidiaria. Además, el juez Santiago Pedraz debe decidir si continúa adelante con el procedimiento en el que se ha investigado si las presuntas donaciones de empresarios al PP anotadas por Bárcenas eran a cambio de adjudicaciones públicas u otros favores, o si lo archiva.
el espionaje parapolicial
El excomisario José Manuel Villarejo se sentará en el banquillo de la AN. Sobre una de las piezas relacionadas, 'Kitchen', la Fiscalía debe decidir si recurre el fin de las pesquisas sobre el presunto espionaje parapolicial a Bárcenas, hechos por los que el juez procesó al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la cúpula de su departamento, dejando fuera a la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal y a su marido.
el indulto
Además del recurso por los indultos a los líderes del 'procés', en manos del Tribunal Supremo; Carles Puigdemont estará pendiente de la decisión de la Justicia europea sobre la euroorden y la posterior actuación que acuerde el magistrado del Supremo Pablo Llarena. También se sentarán en el banquillo el expresident Jordi Pujol y sus siete hijos.
