El Gobierno vasco destina 100 millones de euros al Plan de Justicia Juvenil

La aprobación del nuevo plan de Justicia, que está dotado con 100,5 millones de euros, coincide con el centenario de la creación en Bilbao del primer tribunal tutelar de menores.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que ha presentado el plan tras su aprobación por parte del Consejo de Gobierno, ha explicado que el modelo "tutelar y paternalista" de justicia de menores ha dado paso a otro que "reconoce las garantías del derecho penal de adultos para las personas menores".

Artolazabal ha indicado que esta nueva visión de la justicia para menores, que "contempla los principios acusatorios, de oportunidad, intervención mínima, proporcionalidad e interés superior de las personas menores", es la base que inspira este nuevo 'Plan de Justicia Juvenil'.

El programa contiene más de 60 medidas que inciden en la prevención desde distintos ámbitos institucionales. Muchas de estas iniciativas ya se recogían en el anterior plan, y han sido incorporadas al nuevo documento ante los "buenos resultados" que estaban ofreciendo, según ha explicado Artolazabal.

VARIOS DEPARTAMENTOS

Estas iniciativas involucran a seis departamentos del Gobierno vasco con incidencia sobre la población infantil, adolescente y juvenil: Educación, Seguridad, Salud, Empleo, Vivienda y el propio Departamento de Justicia, que actuará como propulsor y dinamizador del proyecto.

Artolazabal ha explicado que la participación de varios departamentos en este ámbito es necesarias ya que "muchas" de las iniciativas, compromisos y planes del Gobierno vasco "tienen una incidencia directa en el éxito de la justicia juvenil.

Como ejemplos, ha citado los programas de fomento del empleo y la formación profesional gestionados por Lanbide, los planes de inclusión y servicios sociales y de promoción de la salud, o los planes contra la violencia sobre la mujer.

La consejera ha defendido el actual modelo de gestión de los servicios de menores, en el que se contemplan diversas modalidades de titularidad y de gestión público-privada. En concreto, cuatro entidades vascas sin ánimo lucro (Asociación educativa Berriztu, Gaztaroan Ekin, Irse de Araba e Irse Euskadi) se encargan de gestionar los centros educativos y los de medio abierto.

MÁS DE UN CENTENAR DE ENTIDADES

Junto a ellas, más de un centenar de entidades sin ánimo de lucro, como Gaztedi, Cáritas, Emaus o el Banco de Alimentos, así como numerosos ayuntamientos, colaboran en la ejecución de medidas relacionadas con los tratamientos ambulatorios, las prestaciones en beneficio de la comunidad y los procesos de reparación del daño.

Aunque buena parte del peso específico del Plan recae sobre el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, las medidas que afectan al resto de departamentos también son de gran importancia, especialmente en lo referente al fomento de la prevención.

En Educación, por ejemplo, el componente preventivo subyace en la mayor parte de las medidas que persiguen reducir el abandono escolar prematuro y garantizar la escolarización efectiva de las personas menores de edad en riesgo de exclusión.

En este ámbito también se incluye la atención educativa a los menores que cumplen una medida judicial. Desde esta área se impulsarán, igualmente, la cultura y los valores de la convivencia, así como la resolución pacífica de los conflictos.

ATENCIÓN SANITARIA

Los objetivos que afectan al Departamento de Salud se dirigen a garantizar el acceso y la atención sanitaria a todas las personas menores de edad que cumplen una medida judicial, así como a intervenir preventivamente en el ámbito de la salud mental, consumos problemáticos y relaciones sexuales de riesgo.

Asimismo, las medidas que implican a Empleo y Trabajo buscan garantizar el acceso a los diferentes programas de Lanbide de los menores que cumplen o hayan cumplido una medida judicial. En el caso del Departamento de Seguridad, se recogen medidas para trabajar en la prevención específica de las infracciones en las que pueden verse inmersas las personas menores de edad.

Los objetivos en Vivienda se encaminan a dotar de medios residenciales y locales al departamento de Justicia para la ejecución de las medidas, particularmente en Bilbao y Gasteiz.

El Departamento de Justicia se encargará de liderar gran parte de las 60 medidas incorporadas al plan, con el objeto de reducir el tiempo de respuesta entre la comisión de la infracción y el inicio de la ejecución de la respuesta penal. Además, se perfeccionarán los sistemas informáticos para mejorar la intervención con las fiscalías, equipos psicosociales, jueces y entidades públicas.

El Departamento de Justicia dedicará 100,5 millones de euros a desarrollar las medidas del 'V Plan de Justicia Juvenil', incrementando en 20 millones el presupuesto de plan anterior.

Este aumento del presupuesto se debe, fundamentalmente, a la puesta en marcha del nuevo centro de menores de Arratia, la ampliación del centro Txema Finez y el aumento de la plantilla de profesionales que atienden los centros de medio abierto de Bilbao y Gasteiz.

Un total de 77,7 millones se destinarán a cubrir los gastos de la red de centros del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, mientras que otros 7,5 millones servirán para cubrir los gastos en seguridad.

Asimismo, los gastos derivados del trabajo de los 33 profesionales que integran los equipos psicosociales de los centros se sufragarán con una partida de 10,6 millones. Por otra parte, se invertirán 11,7 millones de euros en la cobertura de los programas de los cinco servicios de medio abierto existentes en Euskadi.

Artolazabal ha explicado que la evaluación de los planes de justicia precedentes que ha realizado el Instituto Vasco de Criminología de la UPV/EHU ha puesto de manifiesto la "paulatina disminución" de la delincuencia juvenil y de la tasa de reincidencia global, que en la actualidad se sitúa por debajo del 20%.

En opinión de la consejera, este hecho "confirma que la labor educativa está siendo eficaz, ya que hemos constatado significativos cambios en la conducta de los y las menores".

Otros datos relevantes extraídos de la evaluación son, la consolidación del modelo de intervención en medio abierto y la cada vez mayor utilización de los procesos de conciliación y reparación frente a las medidas firmes.

La red de centros educativos de Justicia Juvenil acoge a las personas infractoras menores de edad que deben cumplir una medida firme o cautelar de internamiento (en sus distintos regímenes), permanencias de fin de semana y, excepcionalmente, convivencias en grupo educativo.

Estos centros se clasifican en tres niveles. Los de 'Nivel I' son centros de responsabilidad y gestión pública, en los que se cumplen las medidas más restrictivas de derechos y de más larga duración.

A su vez, los centros de 'Nivel II' son de responsabilidad pública y gestión convenida con una entidad sin ánimo de lucro, de pequeño tamaño, en los que se cumplen medidas en régimen semiabierto y abierto, o en cerrado de corta duración.

Los centros de 'Nivel III', son de muy pequeño tamaño (máximo seis plazas) y están totalmente integrados en la comunidad para el cumplimiento de las últimas fases de internamientos en régimen abierto o semiabierto.

Las instalaciones de estos tres niveles suman un total de 131 plazas. Además, existen centros de medio abierto, con un total de 48 plazas.