- El Gobierno dará a conocer previsiblemente el próximo martes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, que busca apoyo parlamentario para superar las posibles enmiendas a la totalidad que se registren en el Congreso de los Diputados, toda vez que las negociaciones continúan. Así, el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presentarán y argumentarán las líneas sobre las que se basan las Cuentas del próximo año y, según fuentes cercanas a Moncloa, lo harán en un acto breve antes de que el Consejo de Ministros se reúna.
En el plazo que queda hasta el martes, la gran batalla entre las dos formaciones se centra en la cuestión de los alquileres. Unidas Podemos aboga abiertamente por la regulación de estos e Iglesias presiona a Sánchez y a los ministros socialistas para que este aspecto se incluya finalmente en el proyecto presupuestario.
Para añadir presión hacia el PSOE, los morados se sumaron ayer a algunos de los partidos de la oposición -ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, BNG y CUP- para hacer público un comunicado exigiendo a Pedro Sánchez que habilite a las comunidades autónomas la potestad de regular el precio de los alquileres “de forma urgente”.
Esta coalición de partidos favorable a la regulación urgente de los alquileres se suma al manifiesto que acaban de impulsar más de 9.000 organizaciones, que representan a diversos sectores de la sociedad civil como Cáritas, Cruz Roja, ONCE, Facua, la Confederación de asociaciones vecinales o el Consejo de Juventud de España.
A la espera de conocer si este aspecto se incluye, las Cuentas siguen su camino. Una vez que el Pleno del Congreso ha debatido el techo de gasto de 2021, histórico al situarse en 196.097 millones de euros, se dan las circunstancias para poder empezar la tramitación parlamentaria del Presupuesto, que suele prolongarse tres meses, con lo que podría entrar en vigor en enero, como pretende el Gobierno español.
Los contactos entre el Ministerio de Hacienda y Unidas Podemos se han intensificado en los últimos días para cerrar los “flecos” de un proyecto que contemplará también “ajustes” en la fiscalidad para que sea más progresiva, con lo que se tocará el IRPF para las rentas más altas que podrían estar entre 200.000 y 300.000 euros anuales, mientras que no se prevé tocar el impuesto de sociedades ni establecer un tipo mínimo para las grandes empresas.
Por otra parte, ayer en Podemos tuvieron dos novedades relevantes en lo que respecta a la imputación del partido por supuesta financiación irregular en la campaña de las generales de abril de 2019. Por un lado, el juzgado de instrucción de Madrid archivó la investigación sobre la caja B de los de Pablo Iglesias al no apreciar indicios sobre su existencia. Por otra parte, el mismo magistrado citó como investigado al administrador de la formación morada Carlos García Ramos, en la pieza que sigue abierta por los contratos con la consultora Neurona, y que fueron denunciados por el exabogado del partido José Manuel Calvente.
Respecto a este último, ayer por la tarde se conoció que Podemos y Calvente han llegado a un acuerdo sobre el despido del abogado antes de la celebración del juicio por este contencioso laboral.
En virtud del acuerdo, Calvente renuncia al despido nulo y Podemos admite que fue improcedente, de modo que no será necesaria la celebración de la vista oral en el Juzgado de lo Social número 10 de Barcelona. El abogado presentó una demanda contra su despido, que Podemos justificó en un supuesto acoso sexual y laboral a la letrada Marta Flor Núñez, una causa que fue archivada el pasado mes de julio.
“Es necesario contener los precios del alquiler para reducir el sobreesfuerzo de la población”
Comunicado
