Los dos sectores enfrentados de EA se ven las caras en los tribunales

Hoy comienza el juicio que enfrenta a la corriente oficial y los críticos por las primarias del partido

10.06.2020 | 00:15
Representantes de los dos sectores de Eusko Alkartasuna, durante la vista previa

bilbao Los dos sectores que pugnan por tomar las riendas de Eusko Alkartasuna se verán hoy las caras en los juzgados en la primera jornada del juicio para resolver la elección del secretario general del partido, proceso que estaba previsto para el pasado mes de marzo pero fue suspendido por la emergencia sanitaria. Tras este retraso, se ha fijado la sesión de este miércoles y otras dos para la semana que viene, los días 16 y 17.

Así, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gasteiz inicia por fin la vista de este caso cuyo origen se remonta al pasado otoño, con una demanda presentada por el sector crítico del partido –encabezado por el líder del partido en Nafarroa, Maiorga Ramírez–, que considera que se vulneraron sus derechos de participación en el proceso para elegir al sucesor de Pello Urizar. Ramírez denunció que se le impidió acceder a los datos de los afiliados y, como consecuencia, la dirección en funciones de la formación socialdemócrata anuló su candidatura tras invalidarse avales de varios de ellos que no estaban al corriente del pago de las cuotas, con lo que el aspirante crítico no alcanzó los respaldos necesarios en Iparralde.

El ala de Maiorga Ramírez, que cuenta con respaldos en las ejecutivas guipuzcoana y alavesa y se hace llamar "sector garaikoetxeista" al tener también el apoyo del fundador del partido, Carlos Garaikoetxea, insiste en que la dirección les negó el acceso a los datos de afiliación mientras que sí se los proporcionó a la aspirante oficialista Eba Blanco, que fue finalmente elegida nueva secretaria general, aunque su nombramiento fue paralizado cautelarmente por la Justicia. Sin embargo, Blanco sí ejerce actualmente de líder en funciones del partido.

En este clima de máximo enfrentamiento entre las partes da comienzo el proceso judicial, entre cuyos testigos comparecerán el anterior secretario general en funciones y responsable de Comisión de Organización Electoral de EA (encargada del proceso de primarias), Joseba Gezuraga; varios miembros de la Ejecutiva (controlada por el sector oficial) y dos integrantes del Comité de Garantías que discrepan con las decisiones de este órgano.

También serán llamados dos dirigentes del partido en Bilbao y Zarautz que, según los demandantes, han tenido acceso a los datos de los afiliados que le fueron negados a Maiorga Ramírez cuando presentó su candidatura a las primarias.

Reproches cruzados

Ante la vista de hoy, ambos sectores de la formación socialdemócrata han continuado intercambiando críticas y reproches. Los oficialistas defienden en todo momento que Eba Blanco "tiene no solo la legitimidad, sino todas las cargas del cargo de secretaria general, como el de dirigir el partido, participar en la elaboración de candidaturas para los comicios del 12 de julio, o representar al partido a su más alto nivel".

Asimismo, lamentan que el proceso judicial se celebre "a las puertas de unas elecciones clave para los intereses" de los vascos. "No es momento para luchas intestinas ni mezquinas. Lo que se ha llevado a juicio son normativas internas que han de dirimirse dentro del partido, pero no en vísperas de unas elecciones tan trascendentes para la reconstrucción de Euskadi, y menos en los juzgados", argumentan.

El "sector garaikoetxeista" lamenta que el denominado sector oficial siga incumpliendo las resoluciones del Comité de Garantías, negándose en todo momento a permitir que el fichero de los afiliados "sea controlado" por el conjunto de la Ejecutiva, en la que se encuentran representadas las dos facciones. "Han sido tres las personas (Pello Urizar, Joseba Gezuraga y Eba Blanco) quienes habiendo tenido la máxima responsabilidad en EA han incumplido sistemáticamente las resoluciones de la Comisión de Garantías, tribunal garante de velar por la correcta interpretación y aplicación de la normativa interna", señalan los críticos, que acusan a los oficialistas de "desinformación" y "tergiversación interesada" de los hechos.