MADRID/GASTEIZ. Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior del País Vasco contra el decreto del Gobierno vasco que regula el uso del euskera y del castellano por parte de los ayuntamientos en sus relaciones internas y externas; y el PP ha anunciado que seguirá este mismo camino.

En el caso de Vox el recurso fue interpuesto este martes tras la "incomparecencia del Estado ante las fuerzas secesionistas" en esta y otras materias, según han explicado la secretaria general del grupo Vox en una rueda de prensa en el Congreso, Macarena Olona, y el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros.

El PP de Euskadi, que se ha pronunciado en varias ocasiones contra este decreto y ha pedido su retirada al Ejecutivo de Iñigo Urkullu, ha anunciado a través de las redes sociales que presentará su propio recurso ante el alto tribunal vasco.

En opinión de los populares, el decreto "pisotea el derecho a comunicarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales" de la comunidad autónoma, cuando "la Administración tiene obligación de protegerlo". "El PNV actúa con desprecio a los vascos", añade el PP vasco en su cuenta de Twitter.

Vox ve por su parte en este decreto un auténtico "atropello lingüístico" y una "segregación" de los vecinos, además de que supone dar "carta blanca" para eliminar el castellano de las comunicaciones con los ciudadanos.

Aparte de pedir la anulación del citado decreto, Vox plantea una cuestión de inconstitucionalidad frente a la Ley de Instituciones Locales de Euskadi "que le sirve de cobertura" (el decreto desarrolla la citada ley).

Olona ha reprochado que horas después de presentar ayer este recurso el PP se haya "sumado", anunciando otro por su parte, y que fue este partido, siendo vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el que consagró la Ley de Instituciones Locales al zanjar el conflicto competencial tras un "pasteleo vil" con el Gobierno vasco.

Este decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno vasco el pasado 19 de noviembre, establece que los ayuntamientos podrán decidir cómo ordenar el uso del euskera y el castellano en sus relaciones internas y externas en función de la realidad sociolingüística del municipio, pero siempre respetando el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en ambas lenguas oficiales.

El decreto tiene como objetivo impulsar el uso del euskera en y desde los municipios de manera que se pueda convertir en lengua de trabajo y de servicio al ciudadano, al igual que el castellano, también en el ámbito local, según explicó en su momento el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria. EFE