Sánchez avanza en la desjudicialización de la política como gesto hacia Catalunya

18.01.2020 | 06:21
María Jesús Montero, nueva portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, acompañada por las ministras Irene Montero e Isabel Celaá.

La luz verde a las embajadas catalanas y el posicionamiento de sus ministros invitan a un nuevo clima de distensión

BILBAO - "La política no se puede esconder detrás de las togas". La aseveración de la ministra de Hacienda y nueva portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, no es baladí. En su trastienda se intuye el empeño del Ejecutivo de Pedro Sánchez de tratar de desjudicializar la política, en un claro guiño hacia Catalunya para ir quitando nudos al conflicto soberanista, y a la necesidad que arrastra de atraer a ERC para la aprobación de los Presupuestos. El visto bueno a la reapertura de las embajadas catalanas no es sino otro gesto en busca de un nuevo tiempo de entendimiento y en puertas de que se ponga en marcha la mesa de gobiernos.

Moncloa dio permiso a la apertura de las delegaciones catalanas en Argentina, México y Túnez porque la Generalitat "atendió a los requerimientos del Gobierno" de limitar la acción de sus oficinas a actividades comerciales y culturales, justificó la ministra de Defensa, Margarita Robles, anterior responsable de Exteriores y quien autorizó la apertura de las oficinas que habían sido impugnadas por el anterior ministro, Josep Borrell. De hecho, Robles adujo que habló personalmente con la conselleria del ramo para explicar que una comunidad autónoma "no podía tener delegaciones que hicieran política exterior". Una voz autorizada dentro del socialismo como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero consideró además que este posicionamiento sirve para sacar la vida política de los tribunales. "Desjudicializar es lo que ha pasado con las delegaciones catalanas en el exterior. Estábamos en los tribunales y ahora se ha logrado un entendimiento para que Catalunya tengan sus delegaciones en el extranjero", se congratuló el exjefe del Ejecutivo español.

Desde el Gobierno de coalición entienden además que resulta compatible desjudicializar el problema catalán con recurrir el pin parental que Vox ha pedido en Murcia para apoyar el presupuesto de ese territorio. Una normativa por la que los padres tendrían derecho a censurar actividades complementarias de sus hijos impartidas en horario escolar, vetando si lo desean, por ejemplo, la educación sexual. A juicio de Montero, "no es lo mismo" el tema catalán que "una vulneración de la norma" que se estaría produciendo en Murcia. Según la ministra, esto significa que los asuntos que son motivo de controversia política o de conflicto no se pueden recurrir a los tribunales para intentar que sean estos quienes lo resuelvan, ya que lo único que se logra con eso es "complicar la resolución de conflictos" y hacer que el Poder Judicial se vea inmerso en cuestiones que tienen difícil encauzamiento a través de esa vía. Es más, la inclusión del pin parental va en contra de la Ley de Educación, la Ley de Violencia de Género y los Convenios Internacionales. Igualmente, el Gobierno quiere situar este asunto y la eventual impugnación de la resolución del Parlament sobre el derecho de autodeterminación en "planos distintos", en tanto que en el pronunciamiento de la Cámara catalana, al no ser vinculante sino una toma de posición política, no tiene efecto directo sobre terceros, como sí ocurre con la exigencia de la marca ultraderechista.

Paralelamente, el impulso de Dolores Delgado como fiscal general, que ha fracturado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la oposición del sector más conservador, guarda relación con la despolitización del conflicto catalán. Y es que las voces reacias no se expresan tanto por su condición de exministra ni la puesta en peligro de la separación de poderes, sino por lo que pueda afectar a las diferentes vertientes del procés. Sin entrar en la idoneidad y ateniéndose a los requisitos, el Poder Judicial avaló su nombramiento con una fuerte división. "Es una persona que cumple con lo que la ley marca para poder desempeñar un puesto de esta responsabilidad", justificó Montero. Falta por comprobar si el PSOE atenderá a los requerimientos de Carles Puigdemont para que no vote a favor del suplicatorio que anule su inmunidad. El expresident se ha pasado desde su estreno en la Eurocámara reclamando a Sánchez que su partido "sea coherente" y no vote "junto a los fascistas de Vox" si, "como prometió", busca la desjudicialización de la política.

Asimismo, interpelada por las manifestaciones de Pablo Iglesias, en las que habló de la "humillación" de los jueces españoles ante la justicia europea en la causa del procés, Montero señaló que el Gobierno lo circunscribe a que existe "libertad de expresión y de crítica". "Los tribunales de justicia europeo forman parte del ordenamiento jurídico español", sentenció. Todo ello ejerce como indicio de que Moncloa trata de sacar los tribunales de la vida política, exigencia de ERC, que facilitó la investidura de Sánchez y en quien tendrá que apoyarse para dar luz verde a las Cuentas.

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