bilbao - El PP puso ayer sobre la mesa sus condiciones para negociar los Presupuestos con el Gobierno vasco, lo que supone, al menos en teoría, que ha digerido su desalojo de los ayuntamientos de Bastida y Guardia y no va a tomarse la revancha cerrando la puerta al diálogo. Hasta ahí y no más lejos llegaría la buena noticia para el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, porque en realidad el PP plantea una rebaja fiscal en el IRPF que lleva el diálogo a un terreno muy pantanoso. La regulación de los impuestos es competencia de las Juntas Generales y, por tanto, son las ejecutivas de los partidos, y muy en concreto PNV y PSE, quienes tienen la competencia para decidir. Los dos partidos acordaron la última modificación con el PP, y dejaron firmado y por escrito que la reforma se revisaría “con el horizonte de 2020”. De ahí que las fuentes del PNV consultadas por este periódico aseguren que todavía no toca y que el PP se está equivocando con sus planteamientos. Desde el PSE también aclaran que se planteó una revisión en 2020 y, “cuando llegue ese momento”, se abordará. Las Cuentas se aprobarían antes, en diciembre de este año. Esa es la discordancia.
El consejero Azpiazu comenzó ayer el tanteo con PP y Elkarrekin Podemos, a quienes citó en la sede del Gobierno vasco en Gasteiz. El martes de la próxima semana le tocará a EH Bildu. El popular Antón Damborenea invocó los dos primeros acuerdos presupuestarios de su partido durante el actual mandato de Urkullu, y apostó por dar continuidad a las reformas fiscales con una rebaja en el impuesto de las rentas medias y bajas, así como un incremento “sustancial” en las ayudas para las madres con hijos porque las que superan un determinado nivel de renta no pueden acceder a ellas. “El PP no será el pagafantas del PNV para aprobar las Cuentas”, dijo.
Las Cuentas de 2018 se pactaron con el PP a cambio de una rebaja en el Impuesto de Sociedades desde el 28% vigente en aquel momento hasta el 24%. Este asunto fue muy delicado y complejo de gestionar entre PNV y PSE, puesto que tenía difícil venta para los socialistas, que pusieron en valor las compensaciones que se introdujeron en este impuesto para evitar una merma en la calidad de los servicios públicos. La revisión del IRPF se aparcó. Los firmantes quedaron en que, cuando las reformas hayan completado su ciclo y “atendiendo a los resultados que arroje el proceso de evaluación de estas nuevas medidas”, someterían el IRPF a una nueva revisión “con el horizonte de 2020”.
El PP está generando también un clima de desconfianza con el PNV, que ya no sabe a qué atenerse. Fuentes de Sabin Etxea reprocharon que primero exigiera romper el debate del estatus de autogobierno, para después introducir como condición el respeto a un gobierno de la derecha en Nafarroa, o a las listas del PP en Bastida y Guardia y, ahora, una reforma fiscal. A modo de recado, las fuentes consultadas avisan al PP de que el PNV no se ha echado atrás ni ha llevado a cabo ninguna de las rendiciones que planteaban las filas de Alfonso Alonso, de ahí que pueda suceder exactamente lo mismo con la fiscalidad. “Se equivoca el PP. Hay una reforma fiscal pactada hasta 2020. Hay que ver qué efectos ha tenido, si ha tenido efectos perversos... Ahora no toca hacer la reforma. Ni nos lo planteamos. La reforma sería para 2021, no para el año próximo. Entraría en vigor el 1 de enero de 2021”, zanjan.
Las fuentes del PSE consultadas por este periódico se muestran prudentes y no quieren tomar posición sobre el anuncio del PP, aunque interpele directamente a los socialistas por sus reservas hacia las rebajas de impuestos. El PSE argumenta que, tras sus vaivenes continuos con las exigencias presupuestarias, tampoco le consta que el PP haya planteado “de manera inequívoca” la rebaja del IRPF. “Aún es pronto y la negociación presupuestaria no ha arrancado”, matizan. Sin embargo, coinciden en que la reforma fiscal, que buscó “garantizar la suficiencia de recursos”, debía ser revisada el año próximo. “Cuando llegue, lo haremos”, sentencian.
El Gobierno vasco se mantiene al margen de la reforma fiscal y ayer se limitó a destacar la importancia que tiene para Azpiazu y para el lehendakari aprobar estas Cuentas. Es una “prioridad” para el Gobierno vasco, que de momento se encuentra en una fase muy previa porque aún no hay cifras presupuestarias. El consejero pidió a PP y Elkarrekin Podemos concreciones sobre sus medidas ahora que hay margen para incorporarlas al proyecto, que no se aprobará en Consejo de Gobierno hasta el 22 de octubre. El día 25 será remitido al Parlamento. “El momento de poder influir es ahora”, destacaron. La regla de gasto, del 2,9%, va a permitir disponer de 300 millones más, pero no es esa la cifra que tiene en sus manos la oposición, porque buena parte está comprometida ya con el sueldo del personal de la administración y en partidas sociales.
Con Elkarrekin Podemos hay coincidencia en los ejes. La coalición comparte el combate contra las cinco brechas que recogen las directrices: brecha de renta, brecha social por razones de escolarización y pobreza infantil; brecha de género por la discriminación salarial de las mujeres, la conciliación y la violencia machista; brecha intergeneracional porque los jóvenes, a pesar de su preparación, se han visto frenados en su acceso al mercado de trabajo por la crisis económica; y brecha digital. Elkarrekin Podemos echa en falta la brecha territorial, pero Lander Martínez reconoció a ETB-2 que comparte buena parte de los retos. No obstante, exige políticas “transformadoras” y preventivas, no meras “tiritas”, y no puede decir nada más porque no hay cifras y es pronto.
Pero el planteamiento transformador insinúa un cambio de modelo que volvería a llevar el debate a las visiones económicas contrapuestas de PNV y Elkarrekin Podemos. Aunque Podemos podría ser más posibilista que en años anteriores y ha lanzado mensajes a favor de influir en las políticas, ayer no concretó. El año pasado habló de 1.500 millones, inasumibles para los márgenes del Gobierno.
