BILBAO - “Ya tienen ustedes una resolución de la ONU. Espero que cumplan”. Así se expresó ayer Quim Torra dirigiéndose al PSC, al Gobierno de Pedro Sánchez y al Estado español tras conocer el informe de un grupo de trabajo de la ONU que califica de “arbitraria” la prisión preventiva de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, reclamando su libertad y que se les indemnice. El documento supone un respiro para el independentismo después de que Estrasburgo avalara la suspensión del pleno del 9-O en el que se iba a declarar la secesión y que frustra la estrategia de internacionalización del procés .
Este Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias, mecanismo de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, explicó en una comparecencia de prensa desde Londres que la reclusión a la que están sometidos los tres imputados vulnera los derechos humanos y pide al Ejecutivo español que proceda a su liberación. De hecho, el abogado Ben Emmerson, letrado de los políticos soberanistas, advirtió de que España puede afrontar una “corriente de condena de la comunidad internacional” si persiste en tenerlos encarcelados. En su resolución, este grupo insta a que la liberación se produzca “sin dilación”, concediéndoles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otro tipo de reparación en virtud del derecho internacional, exigiendo al Gobierno socialista que ponga en marcha una “investigación exhaustiva e independiente” de las circunstancias en torno a la “privación arbitraria” de la libertad de los imputados y que “adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.
El grupo de trabajo de la ONU invita al gabinete de Sánchez a que le informe de las dificultades que pueda encontrar en la aplicación de las recomendaciones formuladas y que le indique si necesita asistencia técnica adicional, como puede ser una visita del citado comité, que da seis meses de plazo para recibir esa información aunque se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si detectan nuevos motivos de preocupación en relación a este asunto.
Emmerson, experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos, reseñó que “la marea de condena de la comunidad internacional aumentará muy rápidamente si España no cumple ahora con sus obligaciones en materia de Derecho Internacional. Esta no es una cuestión de elección sino una cuestión de obligaciones legales”. Torra, que contactará con los partidos y entidades sociales, económicas y civiles de Catalunya que trabajan por el derecho a la autodeterminación para responder a la sentencia del 1-O, valoró positivamente cómo “la democracia española está sufriendo severos ataques por parte de diferentes organismos internacionales”. Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario de ERC, demandó también al Estado que cumpla con lo dictado por estos expertos. “La prisión preventiva es injusta, desmesurada, desproporcionada y vulnera los derechos humanos”, dijo. “¿O España formará parte de ese 5% de países que no cumplen con la ONU?”, zanjó.
moncloa: la onu, “intoxicada” La reacción del Gobierno español no se hizo esperar. Según la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, los mecanismos de la ONU sobre Derechos Humanos “necesitan ser mejorados”, porque “están deslegitimando su trabajo y pueden ser utilizados fácilmente para fines espurios”, cuando “en un asunto tan serio no puede ser que se dejen intoxicar”.
Este grupo de trabajo surgió en 1991 y lo forman cinco expertos: el mexicano José Guevara Bermúdez (presidente), la australiana Leigh Toomey (vicepresidenta), la letona Elina Steinerte, el surcoreano Seong-Phil Hong (Corea del Sur) y Sètondji Adjovi, de Benin. En el pasado contó con otros juristas internacionales, como la alcaldesa en funciones de Madrid, Manuela Carmena, quien desarrolló su labor entre 2007 y 2009.
