Bilbao - El PP decidió ayer retirar a última hora su firma de la enmienda a la totalidad que había acordado con PNV y PSE y que suaviza las conclusiones del dictamen de la comisión de investigación del Parlamento Vasco sobre el cártel en los comedores escolares públicos que se repartía el mercado y acordaba los precios en Euskadi. La formación jeltzale critica el nuevo “viraje” de los populares y la escasa confianza y “credibilidad” que ofrece un partido que no cumple con lo firmado.

El documento estaba refrendado por las tres formaciones desde el pasado 11 de abril y fue registrado en el Parlamento Vasco cinco días después. Tan solo quedaba formalizar su aprobación en la votación de ayer en la que tenía que ser la última reunión de la comisión de investigación. Sin embargo, apenas unas horas antes del encuentro, fuentes del PP anunciaron la retirada de su firma de la enmienda a la totalidad presentada por socialistas y jeltzales a la propuesta inicial de EH Bildu. Ese documento fue validado con su firma el mes pasado por Juana Bengoetxea, la parlamentaria del PP representada en la comisión, y Borja Sémper, portavoz de los populares en el Parlamento de Gasteiz.

La ausencia de mayorías llevó ayer a la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte (EH Bildu), al aplazamiento de la votación hasta después de las elecciones del 26 de mayo. La comisión parlamentaria que durante más de un año ha investigado la contratación del servicio de comedores de las escuelas públicas tenía previsto cerrar sus trabajos con la aprobación de un dictamen de conclusiones.

El informe provisional elaborado por Ugarte consideraba acreditado un sobrecoste de 70 millones de euros desde 2013 y lo achacaba a “la inacción de la Administración pública, que no ha sido vigilante en los procesos de contratación pública a pesar de denuncias” de otras empresas. Por su parte, Elkarrekin Podemos, considera “acreditada la responsabilidad política” de diversos cargos del Gobierno por su “inacción”.

La enmienda a la totalidad de PNV, PSE y, hasta ayer, del PP suaviza las conclusiones de ese documento, si bien constata “la falta de regulación de mecanismos suficientes de control”, aunque se matiza que en los contratos “se primó siempre la seguridad alimenticia, el equilibrio nutricional y la calidad organolética de los alimentos”. No obstante, se reconoce que hubo un “quebranto económico a las arcas públicas y a la ciudadanía por el sobrecoste derivado” a la concertación de precios entre empresas y se recalca que “no ha quedado acreditado que se haya producido colaboración o connivencia alguna entre las empresas sancionadas y los responsables técnicos o políticos del Gobierno vasco”.

El PNV cargó ayer contra el volantazo del PP. El parlamentario jeltzale David Latxaga criticó el “viraje, y no precisamente a la centralidad” de los populares que, según señaló, ni siquiera fueron capaces de comunicarlo oficialmente. A su juicio, el PP vasco “está desnortado, trota sin rumbo y abre un nuevo cisma en el partido”. Considera que se trata de un error estratégico de una fuerza política que “va camino de convertirse en irrelevante”. - H.Unzueta