ESTRASBURGO. El Consejo de Europa pone, en su último informe anual sobre libertad de expresión, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la quema de fotos de los reyes de España como ejemplo de protesta política que no debe ser castigada judicialmente.
Ese dictamen contra España es uno de los dos ejemplos aportados por el Consejo de Europa para ilustrar que la legislación que restringe la libertad de expresión tiene que limitarse a “las excepciones al principio cardinal de la libre circulación de ideas e información”.
“El TEDH sostuvo que las acciones juzgadas constituyeron actos de protesta política que no equivalían a una incitación al odio o la violencia, por tanto las condenas por ‘insultar a la Corona’ no eran necesarias en una sociedad democrática”, señala el organismo.
En 2007, Enric Stern y Jaume Roura quemaron, con el rostro cubierto, una fotografía de los reyes de gran tamaño colocada boca abajo durante una manifestación en Girona. Los tribunales españoles les impusieron una multa de 2.700 euros a cada uno para poder eludir una pena de prisión por un delito de injurias a la Corona, con la advertencia de que si no la abonaban se ejecutaría la condena a 15 meses de cárcel.
Sin embargo, en marzo de 2018 el Tribunal de Estrasburgo dio la razón a los dos demandantes, con el argumento de que quemar una foto de los reyes encaja dentro de la libertad de expresión y la pena de cárcel que se dictó contra ellos era desproporcionada.
El segundo ejemplo es el de la sentencia en julio pasado del Tribunal de Estrasburgo contra Rusia por haber condenado al grupo de punk feminista Pussy Riot por haber irrumpido en la catedral ortodoxa de Moscú para interpretar unas canciones de protesta. Los jueces europeos “de forma similar encontraron que las acciones de la banda estaban protegidas por el derecho de implicarse en actos simbólicos de protesta política”.
El Consejo de Europa recomienda que los contenciosos por difamación no se lleven a la justicia penal “excepto cuando los derechos de otros hayan sido seriamente dañados”. Y añade que el objetivo de las leyes sobre difamación es permitir “una crítica legítima” y no utilizarse “de forma incorrecta para influir en el debate sobre asuntos de interés público”. A ese respecto, recuerda que los políticos y funcionarios “no gozan de un mayor nivel de protección contra las críticas y los insultos que el resto de los ciudadanos”.
