Lakua detecta un viraje en Sánchez pero aún aspira a los traspasos

bilbao - Un día después de cruzar la barrera psicológica del arranque de la campaña de las elecciones generales sin llegar a un acuerdo sobre las cuatro transferencias en liza, oficialmente las conversaciones entre los gobiernos vasco y español seguían ayer, pero sin que se produjera ninguna reunión de la Comisión Mixta, y con el Gobierno vasco y el PNV temiéndose un cambio de estrategia en Sánchez por razones electoralistas para evitar el marcaje de la derecha española. La negociación, ya en plena campaña, no pinta bien.

El consejero Josu Erkoreka habló ayer ante los medios de comunicación para realizar su primer análisis tras estas jornadas de negociaciones maratonianas y, aunque quiso mostrarse muy prudente, admitió que ve un cambio de estrategia en el Gobierno español, que ahora pretende aplicar para la valoración económica de los traspasos el método del régimen común de otras comunidades autónomas, y no el sistema financiero singular del Concierto Económico. No quiso trazar una relación causa-efecto entre la campaña y este cambio, pero admitió que el viraje se ha producido ahora, porque en noviembre fueron capaces de cerrar los traspasos de la AP-1 y dos líneas de tren con el método del Concierto.

El presidente de la ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, por su parte, confió en que no sea una maniobra dilatoria de Sánchez para evitar los traspasos ante el marcaje de la derecha española porque, de lo contrario, el presidente sentaría “un malísimo precedente en las relaciones” con los jeltzales, según dijo en Onda Vasca. La pelota está en el tejado de Madrid, que se arriesga a plantear una afrenta al PNV después de que los jeltzales salvaran su decreto de alquiler. Este asunto es capital en una campaña donde los jeltzales resaltan su influencia en Madrid pero, sobre todo, hace daño a los socialistas vascos, porque el incumplimiento sería responsabilidad de Sánchez, su jefe estatal, y el PNV ha hecho lo que estaba en su mano para presionar.

El atasco se mantiene en la competencia más relevante, la autopista AP-68, y también en las ayudas a la jubilación de los trabajadores afectados por ERE, que sería gestionada, además, por una consejera vasca del PSE, María Jesús San José. Mientras tanto, el Gobierno español siguió sacando chispas a sus medidas en el Consejo de Ministros, donde aprobó ayudas millonarias para las pymes. Ya en la ronda de preguntas, la portavoz Isabel Celaá aseguró que su gabinete “tiene voluntad de llevar a cabo las cuatro” transferencias y seguir trabajando. El Gobierno vasco, no obstante, se ha topado con un muro en el capítulo de la valoración económica con un repentino cambio de criterio sobre el método de cálculo, y espera que Madrid se mueva y se pueda reconducir la negociación. El Gobierno español prometió cerrar los traspasos en la Comisión Mixta de Transferencias esta semana, lo hizo con una nota de prensa pública, y ahora se arriesga a incumplir su palabra, y a hacerlo además después de que el PNV salvara su decreto de alquiler al haber apreciado buena voluntad.

sin correspondencia Erkoreka aseguró que el Gobierno vasco tiene “la misma disposición” que siempre porque no está en campaña, y esperó tener al otro lado un interlocutor. Aseguró que las conversaciones “no están canceladas”. Al ser preguntado sobre si la campaña ha sido un obstáculo, respondió que no puede “hacer consideraciones” sobre la voluntad de Madrid, pero añadió que el Gobierno vasco ha defendido “el mismo planteamiento” que hubiera esgrimido en otras circunstancias, el que lleva defendiendo treinta años y se aplicó en noviembre con los dos únicos traspasos cerrados hasta ahora con el Ejecutivo de Sánchez. Pero “no ha habido correspondencia” en Madrid. “Si el Gobierno central ha visto alterado su planteamiento por las elecciones, no lo puedo asegurar”, dijo. También defendió que las transferencias en el caso vasco son una “obra de artesanía” y no se puede usar “el troquel” que se usa con todas las comunidades autónomas, porque el Estatuto de Gernika incluye singularidades que no tienen otros territorios, y el régimen del Concierto Económico exige también que la parte financiera tenga un trato especial.

Ortuzar, por su parte, aclaró que el Gobierno vasco prefiere “no coger transferencias en mal estado, averiadas”, solo con tal de “sacarse una foto”. “Es preferible no tenerlas a tenerlas en malas condiciones. No quiero pensar que es una maniobra dilatoria del Gobierno español, de que tenga miedo de que la derechona le diga que quiere vender España, y por eso nos estén retrasando la negociación, porque eso sería un malísimo precedente en las relaciones entre nosotros y Sánchez”, avisó. El PSOE está volcado en la campaña. Mientras el Gobierno vasco anunciaba el jueves que el plazo para llegar a un acuerdo antes de las elecciones había vencido sin pacto, la ministra Batet se encontraba en un mitin en Santa Coloma de Gramenet. Además, el secretario de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, es cabeza de lista por Valladolid.

La gravedad de aplicar un sistema de cálculo que no se ajuste al Concierto radica en que se quebraría el modelo y se sentaría un precedente para la treintena de competencias que quedan. Sánchez podría estar midiendo el coste electoral de hacer transferencias en un momento en que la derecha española agita su diálogo con los nacionalistas vascos y catalanes para buscar su desgaste, o también podría estar reservándose este asunto como baza para la negociación de la investidura. Las discrepancias son elevadas en la AP-68 y el asunto de los ERE. El seguro escolar está casi cerrado. La restante transferencia se refiere a los productos farmacéuticos. El Gobierno español tiene margen para firmar los traspasos a pesar de la campaña, aunque deba ser prudente en su comunicación. Se puede reunir la comisión por videoconferencia, así que la logística no sería problema.

Celaá quitó hierro a lo que está sucediendo. “La del seguro escolar estaba ultimada. En las otras tres hay flecos. El Gobierno español quiere seguir trabajando en ellas”, dijo, para añadir después que “puede haber diferencias de cálculo”, pero “la voluntad del Gobierno de España es hacer las transferencias tal y como se recogía en la agenda que se envió en su día”. El Gobierno español entrará en funciones tras las elecciones del día 28, y tendrá limitadas sus capacidades.