Altsasu - Miles de personas, 60.000 según la plataforma Altsasukoak Aske y entre 35.000-50.000 según la Delegación del Gobierno español, reclamaron ayer en Altsasu justicia y libertad para los siete jóvenes en prisión a raíz de una trifulca con dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016, dos semanas después de que la Audiencia Nacional ratificase las penas de entre 2 y 13 años para Jokin Unamuno, Adur Ramirez de Alda, Oihan Arnanz, Aratz Urrizola, Iñaki Abad, Jonan Cob, Julen Goikoetxea y Ainara Urkijo. A pesar de que en algunos momentos no fue fácil llegar al pueblo, con retenciones de más de 8 kilómetros, la gran ola de solidaridad que ha provocado el caso Altsasu inundó las calles de la villa. “Estamos sobrecogidos. Se ha multiplicado por ocho la población, es la mayor manifestación en el pueblo y una de las mayores de Navarra”, decían las madres y padres de Altsasu Gurasoak, que portaron una pancarta con el lema No es justicia en euskera y castellano.
Frente a los intentos de algunos políticos y medios de comunicación de criminalizar un pueblo, los altsasuarras abrieron incluso sus casas para aquellas personas que acudieron la víspera, cerca de un centenar. La marcha partió de la Avenida Pamplona, con miles de personas a lo largo de todo el recorrido, a la espera de que llegara la cabecera de la manifestación, que era recibida entre aplausos y gritos de “Altsasukoak askatu!” y “Hau ez da justizia!”. La marcha continuaba con la palabra Justizia en grandes letras y los retratos de los ocho jóvenes, al igual que en movilizaciones anteriores. Pero en esta ocasión se vieron muchas más esteladas y pancartas, además de Catalunya de otros lugares del Estado como Asturias o Madrid. A lo largo del recorrido, otras pancartas mostraban de forma cronológica el desarrollo del caso, desde aquella noche de fiestas hasta hoy.
Después de más de hora y media de recorrer las principales calles de Altsasu, 2.930 metros en total, la manifestación finalizó en la calle Zelai, con un acto festivo y reivindicativo en el que tomaron la palabra representantes de Altsasukoak Aske, Altsasu Gurasoak y los propios jóvenes en prisión, que lo hicieron a través de Ainara Urkijo, la única en libertad al haber sido condenada a una pena menor. “Nadie nos puede quitar lo que hemos visto y sentido hoy, que viene del corazón. Es nuestro para siempre”, apuntaban emocionadas dos madres, que ayer recibieron el calor de miles de personas. “Se trata de salvar a personas inocentes”, destacaban.
Apoyo institucional
La manifestación contó con una amplia presencia institucional. Entre los asistentes se encontraban la portavoz del Gobierno de Nafarroa, María Solana; el vicepresidente primero del Parlamento foral, Unai Hualde; el alcalde de Altsasu, Javier Ollo; y el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron. También acudieron representantes de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Desde Altsasukoak Aske afirmaron haber recibido más de 55 declaraciones institucionales de apoyo procedentes de ayuntamientos de todo el Estado, entre ellos el de Barcelona.
El alcalde de Altsasu, Javier Ollo, destacó que “estamos hoy aquí para defender la proporcionalidad de la justicia, nunca la impunidad”, y recordó que el Ayuntamiento “siempre” ha rechazado los hechos. “Juzgarlos como terrorismo fue un despropósito”, zanjó.
La portavoz del Gobierno de Uxue Barkos, María Solana, explicó que el Ejecutivo foral “ha querido estar aquí para mostrar su apoyo al pueblo porque creemos que desde octubre de 2016 ha sido maltratado”, algo que “no se puede permitir”.
Joseba Asiron, alcalde de Iruñea, formó parte de la cabecera de la marcha, donde señaló que “se ha visto que, una vez más, un impresionante número de gente ha respondido al llamamiento, es una reivindicación que Navarra entera asume”. En este sentido, añadió que “se ha abierto un gran espacio entre sociedad e instituciones y esperamos que, con el tiempo, la razón tome protagonismo en esta causa”.
Finalmente, el vicepresidente primero del Parlamento de Nafarroa y exalcalde de Altsasu, Unai Hualde, consideró que “este caso está fuera de toda lógica y todo lugar, estamos hablando de una vulneración flagrante de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”.
