GASTEIZ. La instrucción se dirige a aquellas personas que trabajan en las distintas áreas y órganos de contratación pública, pero también a quienes promueven los contratos.

A través de esta medida, presentada este martes por el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, el Gobierno vasco refuerza la introducción de políticas sectoriales de igualdad a través de la contratación pública.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La resolución afecta a todo el sector público de la comunidad autónoma, es decir, a la propia Administración General y las entidades del sector público, y afecta a todos los contratos, ya sean obras, suministros o servicios.

A través de esta medida, se establece, además, la obligación contractual de evitar la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres.

Los órganos de contratación incorporarán en los pliegos de contratación criterios de adjudicación para la igualdad de mujeres y hombres, cuya ponderación será de, al menos, del 5% del total del baremo.

A la hora de adjudicar los contratos se tendrán en cuenta criterios como garantizar el 50% de mujeres en puestos de responsabilidad, gerencia o cualificados durante toda la prestación contractual; contratar mujeres en todas las nuevas contrataciones que realice la empresa para la prestación del contrato; o adoptar políticas de igualdad en la ejecución del contrato.

CRITERIOS

De esta forma, se valorará que se contrate mujeres en situación de desventaja social --discapacidad, falta de recursos económicos o víctimas de violencia de género--, así como que se forme en igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato.

Por otra parte, se tendrá en cuenta la aplicación de mejoras laborales a la plantilla que ejecute el contrato. Además, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos públicos deberán establecer de manera preceptiva el deber de las empresas adjudicatarias de evitar la existencia de discriminación retributiva entre mujeres y hombres.

Dicha cláusula se materializará en la formalización del contrato.

Además, en contratos cuyo estimado supere los 120.000 euros, las empresas adjudicatarias deberán remitir, con carácter anual, una declaración responsable con la relación nominal desagregada por sexo de las personas contratadas, con indicación de su categoría profesional y el salario base más los complementos de cada una de ellas. Estas empresas también deberán aportar un informe de trabajadores en Alta (ITA) y el Informe de Datos de Cotización (IDC).