bilbao - Ha llegado el día. Nueve exconsellers, encabezados por el líder de ERC y exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los dirigentes de los movimientos sociales más importantes del soberanismo, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se sientan desde hoy en el banquillo del Supremo, la mayoría acusados de un delito de rebelión por la celebración del referéndum del 1-O. Nueve de ellos están en prisión provisional -la mayoría lleva más de un año en esta situación-, por lo que han sido trasladados a Madrid para asistir a las sesiones de un juicio que se prevé largo y complejo.
El juicio llega en un momento político convulso, en plena tormenta política. 72 horas antes la “triple alianza” de la derecha -PP, Ciudadanos y Vox- se manifestaba en Madrid en favor de la “unidad de España” y contra “las cesiones de Sánchez al separatismo catalán”. Aunque pincharon en la respuesta -45.000 manifestantes-, el caldo de cultivo está sembrado. Además, un día sí y otro también saltan noticias sobre la posibilidad de un adelanto electoral si Pedro Sánchez no logra sacar adelante los Presupuestos. Ayer corrió como la pólvora la fecha del 14 de abril, aunque posteriormene fue desactivada desde Moncloa.
Tres meses Así, en este enrarecido ambiente da inicio un proceso que durará en torno a tres meses, en sesiones de martes a jueves de 10.00 a 18.00 horas, y será televisado en directo para “garantizar la transparencia”, motivo por el que se ha rechazado la presencia de observadores internacionales. A las cuestiones previas les seguirán las declaraciones de los acusados, las de los testigos, las pruebas periciales y por último las conclusiones finales. La ingente cantidad de testigos que acudirán a declarar a propuesta de las partes incluye al expresidente español Mariano Rajoy, aunque se ha rechazado que se personen el rey Felipe VI y todos los procesados por los propios hechos que se van a juzgar, entre ellos el president cesado Carles Puigdemont, actualmente con su residencia en Bélgica. La sentencia no se conocerá hasta después de las elecciones de mayo. A la hora de concretar la petición de penas, la Abogacía del Estado descartó el delito de rebelión y optó por acusar de sedición a los líderes del procés. Los servicios jurídicos del Estado se distanciaron así de la Fiscalía al no apreciar en la actuación de los acusados la violencia suficiente para imputarles el delito más grave, que supone además penas de cárcel mucho más severas. En el caso del Ministerio Público, Junqueras y los demás dirigentes catalanes se enfrentan a un delito de rebelión que han negado otros países europeos e incluso el expresidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, agravado con la malversación de fondos públicos que descartó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
La acusación particular que representa Vox pide un total de 700 años de prisión para los encausados, frente a la Fiscalía que solicita 177 años y el Gobierno español, que suma 117 años. La Sala que preside Manuel Marchena rechazó las peticiones de la defensa para expulsar a Vox de la causa, lo que le ha valido reproches por “blanquear” a la formación de Santiago Abascal. Lo que no podrá evitar esta acusación es que los procesados eviten contestar a sus preguntas. Las defensas piden la libre absolución de todos.
Marchena pide serenidad Marchena se refirió ayer al juicio y aseguró que lo afronta “con serenidad y sensatez”. “Tiempo de silencio”, añadió después. El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo se expresó de este modo a su llegada a la sede de la Asociación de Periodismo de Madrid, donde recibió el premio Puñetas de Oro, concedido por la Asociación de Comunicadores Jurídicos (ACIJUR).
Tras recibir el galardón otorgado por su defensa a la independencia judicial, el magistrado afirmó que esos momentos, en vísperas de que arranque la vista oral, era “tiempo de silencio”, evitando así volver a pronunciarse sobre cómo afronta el juicio. A la entrada a la sede de los periodistas madrileños enfatizó que encara el inicio del juicio “con la serenidad y sensatez con que hay que afrontarlo”.
Seguridad de Torra Al inicio del juicio acudirá el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien pidió ayer al Gobierno español que le garantice la seguridad cuando acuda hoy al Supremo, ya que, según señaló en Catalunya Ràdio, “ir a Madrid en estas condiciones [tras la concentración de PP, C’s y Vox] tiene su riesgo”. “Espero que me garanticen la seguridad como la garantizamos en el Consejo de Ministros”, manifestó, refiriéndose al Consejo celebrado en Barcelona el pasado 21 de diciembre. Insistió en que para él el juicio solo “puede acabar con la absolución” y que si no es así “la justicia española tendría un problema”.
Por su parte, su predecesor al frente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llamó ayer a los catalanes a movilizarse contra el “juicio vergonzoso”. En un vídeo difundido a través de la redes sociales, aseguró que recorrerá Europa “para amplificar la denuncia” contra este proceso judicial y para dar voz a los presos soberanistas que no la pueden tener. Según Puigdemont, hoy será “un día importante en la historia del proceso hacia la libertad de Catalunya” y reivindicó el papel de los dirigentes soberanistas en el extranjero para difundir este mensaje. “Movilicémonos todos para hacer posible que el camino que empezamos juntos, en paz y democráticamente acabe juntos, en paz y democráticamente”, afirmó.
