Nueve exconsellers, encabezados por el líder de ERC Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los dirigentes de los movimientos sociales más importantes del soberanismo, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se sentarán desde el día 12 en el banquillo del Tribunal Supremo, la mayoría acusados de un delito de rebelión por la celebración del referéndum del 1-O. Nueve de ellos están en prisión provisional -la mayoría lleva más de un año en esta situación-, por lo que han sido trasladados a Madrid para asistir a las sesiones de un juicio que se prevé largo y complejo.

El mismo durará en torno a tres meses, en sesiones de martes a jueves de 10.00 a 18.00 horas, y será televisado en directo para “garantizar la transparencia”, motivo por el que se ha rechazado la presencia de observadores internacionales. A las cuestiones previas les seguirán las declaraciones de los acusados, las de los testigos, las pruebas periciales y por último las conclusiones finales. La ingente cantidad de testigos que acudirán a declarar a propuesta de las partes incluye al expresidente español Mariano Rajoy, aunque se ha rechazado que se personen el rey Felipe VI y todos los procesados por los propios hechos que se van a juzgar, entre ellos el president cesado Carles Puigdemont, actualmente con su residencia en Bélgica. La sentencia no se conocerá hasta después de las elecciones de mayo.

Pero los doce dirigentes que empezarán a desfilar en breve por el Supremo no son los únicos encausados. La Sala Segunda del alto tribunal, presidida por el juez Manuel Marchena, confirmó en diciembre su competencia para enjuiciar el procés pero decidió que seis de los acusados -cinco antiguos miembros de la Mesa del Parlament y la exdiputada de la CUP Mireia Boya-, que habían sido procesados tan solo por el delito de desobediencia, sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La penúltima pieza de este puzzle se encuentra en la Audiencia Nacional, que juzgará por rebelión al exmajor de los Mossos Josep Lluís Trapero y otros tres miembros de la cúpula de la Policía catalana durante el 1-O. Fuera de este proceso se encuentran los exmiembros del Govern, con Puigdemont a la cabeza, que marcharon a Bélgica cuando la sombra de la Justicia se cernía sobre ellos, al igual que lo hicieron Anna Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC), en su caso con Suiza como destino. La actividad política que siguen desarrollando casi todos, así como el precedente de su salida de España, ha afectado a los dirigentes presos con la imposición de medidas cautelares en su contra.

A la hora de concretar la petición de penas llamó especialmente la atención que la Abogacía del Estado descartara el delito de rebelión y optara por acusar de sedición a los líderes del procés. Los servicios jurídicos del Estado se distanciaron así de la Fiscalía al no apreciar en la actuación de los acusados la violencia suficiente para imputarles el delito más grave, que supone además penas de cárcel mucho más severas. La consecuencia fue un aluvión de críticas de los partidos de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez por el supuesto impulso político tras el escrito de sus servicios jurídicos. En el caso del Ministerio Público, Junqueras y los demás se enfrentan a un delito de rebelión que han negado otros países europeos e incluso el expresidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, agravado con la malversación de fondos públicos que descartó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

La acusación particular que representa Vox rompió la baraja al pedir un total de 700 años de prisión para los encausados, frente a la Fiscalía que solicita 177 años y el Gobierno español, que suma 117 años. A la sala del Supremo le tocará decidir, aunque las calificaciones de las acusaciones se podrán modificar al final de la vista oral. Buena prueba de la importancia que le da el partido ultraderechista a este juicio es que estará representado por su número dos, Javier Ortega Smith. La Sala que preside Marchena rechazó las peticiones de la defensa para expulsar a Vox de la causa, lo que le ha valido reproches por “blanquear” a la formación de Santiago Abascal. Lo que no podrá evitar esta acusación es que los procesados eviten contestar a sus preguntas. Las defensas piden la libre absolución de todos.