Afganistán se abre a un proceso de paz tras el 'acuerdo de Doha'

Tras el pacto firmado en Doha (Catar), que prevé una reducción paulatina de las fuerzas militares aliadas hasta su retirada total en 14 meses, según desvelaron los Gobiernos afgano y estadounidense en una declaración conjunta hecha pública hoy en Kabul, llega el turno del acuerdo político entre las autoridades y los talibanes, en el que también estarán presentes representantes de otros colectivos políticos y de la sociedad civil.

El primer gesto para contribuir al proceso interno lo realizó ayer el exjefe del Gobierno afgano, Abdullah Abdullah, actualmente enfrentado al presidente, Ashraf Ghani, tras perder frente a él en los comicios del pasado septiembre.

Abdullah, que rechazó los resultados alegando fraude y proclamó su victoria este mes, cuando se conocieron los datos finales del escrutinio, anunció en una rueda de prensa que suspende sus movimientos de protesta contra los resultados.

“Para contribuir a los esfuerzos por la paz, hemos suspendido nuestros movimientos que teníamos planeados en los próximos días, (porque) esta es una oportunidad para resolver los problemas actuales”, dijo Abdullah en referencia a su intención de nombrar a sus propios gobernadores en algunas provincias.

El líder opositor agradeció a Estados Unidos sus esfuerzos para alcanzar el acuerdo con los talibanes, sobre el que dijo que ofrece “una oportunidad histórica y única” y, agregó: “Esperamos que los talibanes, en lugar de considerar la firma del acuerdo como una victoria y un triunfo, consideren esto como una oportunidad hacia la paz”.

El también opositor y excandidato presidencial Haneef Atmar mostró en un comunicado su apoyo -“con todas nuestras fuerzas”, dijo- al acuerdo de paz que, agregó “está allanando el camino para las negociaciones intra afganas y es un paso importante” hacia una paz integral.

Por su parte, Ghani aseguró en una rueda de prensa conjunta con el secretario de defensa estadounidense, Mark Esper, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que la delegación que se sentará con los talibanes en las conversaciones internas “será inclusiva, bajo el paraguas de la República”.

insurgentes y Sociedad civil Mientras, el líder talibán Hibatullah Akhundzada, en un comunicado remitido a los medios de comunicación, hizo un llamamiento a los militantes insurgentes para que cumplan las condiciones del acuerdo de paz, aunque avisó de que si la contraparte incumple lo pactado “la nación entera deberá mantener sus robustas capacidades de defensa”. “El acuerdo es una promesa que deben cumplir todos los muyahidines y afganos. Ningún oficial o individuo del Emirato Islámico -como se autodenominan-, ni nadie del público en general debe violar los términos (del acuerdo) y todos deben considerarlo como una obligación”, dijo. “Estamos listos para una solución racional y justa”, añadió, antes de afirmar, para concluir el comunicado, que “cualquiera que haya participado en hostilidades contra el Emirato Islámico es perdonado por ello y por todo lo pasado”.

Desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC, por sus siglas en inglés) se instó tanto a los talibanes como a EE.UU. y a las autoridades afganas a que “brinden más información sobre el diseño del proceso, específicamente cómo el proceso será inclusivo y dará espacio a la sociedad civil y a las víctimas” de la guerra.

Esa ONG pide, además, en un comunicado un “control internacional, imparcial e independiente de la retirada de tropas estadounidenses” que garantice la “transparencia” en la operación y asegure, “por ejemplo, que el desminado se planifique y se lleve a cabo”. La Casa de la Paz, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil, advirtió de que las negociaciones intra afganas deberán incluir a “todos los grupos de talibanes” para “no volver a ser testigos de la guerra”.