Bangkok - Birmania trató de defenderse esta semana en La Haya de la acusación de estar cometiendo un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, en el estado occidental de Arakan, con una serie de alegaciones que se ven desmentidas por las realidades sobre el terreno.
Gambia acusa a Birmania ante la Corte Penal de Justicia (CIJ), de violar la Convención contra el Genocidio desde las operaciones militares llevadas a cabo en 2016 y 2017 por el Ejército birmano contra un grupo insurgente rohinyá, en las que miles de civiles fueron asesinados y más de 800.000 rohinyás huyeron a Bangladés.
La líder de facto y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, acudió en persona a La Haya para encabezar un equipo de defensa que solicitó a la CPI desestimara completamente el caso en esta primera fase del juicio, en la que Gambia solicitó medidas provisionales que aseguren que Birmania no viola la Convención.
Birmania se defendió alegando que las operaciones militares estaban justificadas para combatir la insurgencia rohinyá y se realizaron sin intención genocida, elemento clave de la Convención que es extremadamente difícil de demostrar en un tribunal, lo que podría suponer el mayor escollo para el equipo legal de Gambia a largo plazo. Pero la defensa de Aung San Suu Kyi también se basó en algunos argumentos más dudosos, entre ellos que el Gobierno birmano está trabajando para que vuelvan los refugiados en Bangladés y en mejorar las condiciones de los en torno a 400.000 rohinyás que permanecen en Arakan. “¿Cómo se puede estar produciendo un genocidio o existir intención genocida cuando se están tomando esas medidas concretas en Rakáin (como se conoce también Arakan)?”, preguntó Suu Kyi al tribunal.
Feroz persecución Los rohinyás han sufrido durante décadas una feroz persecución por parte del Gobierno birmano, que los considera inmigrantes ilegales de Bangladés, despojó de ciudadanía a la inmensa mayoría de ellos a principios de los noventa y a lo largo de los años ha perpetrado todo tipo de violaciones de los derechos humanos contra ellos, incluida la restricción de movimientos.
Desde una oleada de violencia sectaria en 2012 entre los rohinyás y los rakáin -etnia predominantemente budista y mayoritaria en el Estado- el Gobierno impuso una estricta segregación entre ambas comunidades que, en la práctica, significa que más de 120.000 rohinyás permanecen confinados en campos y el resto no pueden desplazarse de sus pueblos. El pasado 25 de noviembre, comenzó el segundo juicio castrense por acciones cometidas durante las operaciones militares, en este caso una matanza de posiblemente centenares de personas en otro pueblo, pero investigadores de la ONU, a los que no se permitió el acceso a Birmania, han documentado otras atrocidades que el Gobierno birmano se niega a reconocer. - Efe
