La Comisión Europea no ve roto el pacto migratorio con Turquía

Tras las tensiones de los últimos años por la deriva autoritaria del país del Bósforo y la parálisis comunitaria en las negociaciones de adhesión, la relación de los dos gigantes ha tocado un nuevo mínimo. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, anunciaba el lunes en una entrevista en la televisión que su país había decidido suspender la readmisión de refugiados acordada con la UE en abril de 2016.

Esta es la respuesta a las sanciones que el Consejo de Asuntos Exteriores europeo impuso a Ankara a comienzos de mes para castigarle por sus perforaciones de gas en aguas de la Zona Económica Exclusiva de Chipre, pero que Turquía considera propias. Los 28 ministros, en solidaridad con Nicosia, acordaron reducir los fondos de pre-adhesión hasta 2020 unos 145 millones, además de congelar (todavía más) las negociaciones de ampliación.

Turquía ha anunciado esta suspensión de forma informal y vinculándolo a la exención de visados, su prioridad. Una de las contrapartidas contempladas en el pacto migratorio con la UE era la exención de visados para que los ciudadanos turcos pudiesen viajar a territorio Schengen. “El acuerdo de readmisión y la exención del visado iban a entrar en vigor a la vez. Hemos suspendido el acuerdo de readmisión”, alegó Cavustoglu. Sin embargo, la ley antiterrorista con la que el Gobierno de Erdogan inició en 2016 una purga encarcelando a centenares de miles de personas impide al bloque comunitario dar este paso, aunque el país del Bósforo haya cumplido más de 60 requisitos.

Sin embargo, la Comisión estima por su parte que nada cambia. “Ambas partes se mantienen comprometidas con el acuerdo UE-Turquía y la implementación de la readmisión por parte de Turquía (que es sobre lo que versan los comentarios) es una de las condiciones de la liberalización de visados”, explicaba ayer Natasha Bertaud, portavoz del Ejecutivo comunitario, señalando que Bruselas continúa con la hoja de ruta para llegar a este punto “tan pronto como sea posible”.

Los 28 Estados miembros culminaron en marzo de 2016 los detalles del acuerdo migratorio UE-Turquía tras meses de negociación con el Gobierno de Ankara. Estos determinaban cuatro puntos clave: los refugiados que lleguen de “forma irregular” a las islas griegas desde las costas turcas serán enviados de vuelta; en el caso de solicitar asilo, Atenas tramitará sus solicitudes de acuerdo a la legislación europea; y en el caso de que este sea denegado volverán a Turquía. Por último, el pacto establecía que por cada migrante sirio retornado a Mesopotamia, la Unión acogería a otro. A cambio, Erdogan invertiría los 3.000 millones de euros recibidos por Bruselas en mejorar las condiciones de vida de los recién llegados.