Ginebra/Roma - El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, criticó ayer duramente a la fiscalía de Agrigento (Sicilia) por incautar el barco humanitario de la ONG Sea Watch y permitir el desembarco de los 48 migrantes que esperaban desde hace cuatro días poder llegar a tierra tras haber sido rescatados en el Mediterráneo.
“Tengo intención de denunciar por favorecer la inmigración clandestina a cualquiera que dé la disponibilidad para que desembarquen los migrantes desde un barco fuera de la ley. Esto vale también para cualquier órgano del Estado. Si este fiscal autoriza el desembarco también iré hasta el fondo”, dijo Salvini en un programa de la televisión que mostró en directo las imágenes de la Guardia Costera italiana que hacía desembarcar a los migrantes.
El fiscal jefe de Agrigento, Luigi Patronaggio, ordenó la incautación provisional del barco para esclarecer si la conducta del capitán había violado la ley, pero para ello ordenó también hacer desembarcar a los migrantes que fueron conducidos a Lampedusa. El desembarco de los migrantes, entre ellos una persona sin una pierna y una mujer embarazada, se produjo durante la madrugada.
Salvini, visiblemente furioso, también cargó contra sus socios de Gobierno al lanzar la hipótesis de que “algún ministro” había “abierto el puerto”, en referencia al titular de Transportes e Infraestructuras, Danilo Toninelli, del Movimiento 5 Estrellas (M5S)
La situación de los migrantes del Sea Watch ha provocado el enésimo enfrentamiento entre los socios de Gobierno. El líder del M5S y ministro de Trabajo, Luigi di Maio, afirmó que no acepta las acusaciones de Salvini y le insto a leerse las leyes del Estado sobre separación de poderes.
Por su parte, expertos en derechos humanos de la Organización de la ONU condenaron ayer el proyecto de ley de Salvini, que amenaza con multas a quienes rescaten a migrantes y refugiados del Mediterráneo. “El derecho a la vida y el principio de no devolución siempre deben prevalecer sobre la legislación nacional u otras medidas supuestamente adoptadas en nombre de la seguridad nacional”, señalaron los expertos, que ya han instado al Gobierno italiano a detener la aprobación de dicho decreto.
A principios del mes de mayo, Salvini anunció su propuesta para emitir un decreto que multaría a los buques, tanto a los privados como a los pertenecientes a ONG, por cada persona rescatada en el mar y llevada a territorio italiano.
Los expertos de la ONU explicaron que la entrada en vigor de ese decreto socavaría gravemente los derechos humanos de los migrantes y contribuiría a aumentar la trata de personas. Además, han solicitado retirar dos directivas previas que prohíben a los buques de las ONG que rescatan migrantes en Libia acceder a los puertos italianos. - Efe
