Bruselas - Son los olvidados de la Unión Europea. Más de 800.000 ciudadanos no tendrán derecho al voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, sin embargo son millones los que, aún gozando de este derecho, no tengan garantizado la posibilidad de ejercerlo en libertad e igualdad de condiciones. Hablamos de las personas con discapacidad y la falta de una legislación electoral de la UE que les permita ejercer uno de los derechos más básicos. Más de 800.000 ciudadanos son, aún a día de hoy, privados de uno de los derechos más básicos y otros tantos millones no pueden ejercerlo por las barreras en el ámbito de la accesibilidad. La UE, que en las últimas semanas ha iniciado su camino hacia una Europa más justa e igualitaria con la aprobación de la Ley de Accesibilidad Europea, mantiene todavía algunas lagunas en este campo. No obstante, hay para quienes los esfuerzos de las instituciones europeas en este sentido siguen sin ser suficientes. Mientras se ha avanzado en ámbitos como el acceso de personas a bienes y servicios, ya sean cajeros automáticos, teléfonos móviles o diferentes servicios financieros, el derecho al sufragio se mantiene como una incógnita sin resolver para millones de ciudadanos. La legislación electoral es un ámbito de competencia estatal. No obstante, en el seno de la UE la mayoría de países ratificaron la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad (CPCD), aprobada por las Naciones Unidas (ONU) en 2006.

Según el Artículo 29 de la CPCD, los Estados firmantes deben garantizar que “las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad (?) de votar”.

Varios países europeos han comenzado recientemente a reformar sus textos legales para acabar con la privación del derecho a votar a aquellas personas que eran incapacitadas legalmente por su discapacidad intelectual. Es el caso de Francia, donde más de 385.000 personas, según datos del ministerio de Justicia galo, tenían en 2015 un tutor legal por su discapacidad y, de ellos, 65.000 no podían ejercer su derecho al voto. Pero en el otro extremo, países como Bulgaria, recogen en su Constitución la privación legal provocando que más de 7.000 personas no puedan votar. Así pues son 12 los Estados miembros de la UE que garantizan en la actualidad el “pleno derecho” al voto a las personas con discapacidad, incluidos aquellos sin “capacidad legal”. Es el caso de Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Suecia y el Reino Unido.

En cambio, son 9 los que excluyen de forma “automática” de la participación a las personas sujetas a la tutela completa que, incapacitados legalmente, no pueden participar en procesos electorales en Alemania, Bulgaria, Chipre, Estonia, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Rumanía.