Un barco militar italiano atracó ayer en el puerto albanés de Shëngjin con 49 migrantes interceptados en alta mar cuando trataban de llegar a Italia, y que serán internados en los centros de detención y expulsión construidos en Albania por el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni.
La patrullera Cassiopea de la Marina italiana llegó al puerto albanés a primera hora de la mañana después de tres días de travesía desde las inmediaciones de la isla italiana de Lampedusa, donde fueron interceptados los migrantes.
El Ministerio de Interior italiano informó de que estas personas serán sometidas ahora a “procedimientos de recepción, detención y evaluación de casos individuales”, según el acuerdo alcanzado con el primer ministro albanés, el socialdemócrata Edi Rama en noviembre de 2023 para procesar algunos migrantes rescatados por las autoridades italianas en el mar Mediterráneo.
Los 49 migrantes seleccionados para ser sometidos a un procedimiento fronterizo acelerado para quienes proceden de países considerados seguros por Italia son en su mayoría de Bangladés, así como de Egipto, Costa de Marfil y Gambia.
Este es el tercer intento del Ejecutivo de Meloni de poner en marcha su polémico plan de internar en Albania a migrantes irregulares interceptados en su camino a Italia.
En el centro de Shengjin, los solicitantes de asilo serán identificados y sometidos a un examen médico en profundidad, ya que si se detectan condiciones vulnerables, serán llevados a Italia, como ya ocurrió en algunos casos en los dos traslados anteriores a Albania, en octubre y noviembre pasados.
Los dos primeros intentos fracasaron además porque la justicia italiana no convalidó los envíos argumentando que ni Egipto ni Bangladés eran seguros en su totalidad y habían reclamado la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europa.
Recelo de los jueces
Desde entonces los centros de detención albaneses han quedado vacíos, vigilados y gestionados por un personal cada vez más reducido, lo que ha provocado fuertes críticas al Gobierno italiano por los gastos. El Tribunal Supremo italiano señaló posteriormente que al Gobierno de Meloni le corresponde establecer qué países son seguros y que el juez no puede invalidar sistemáticamente la detención de migrantes, sino que puede motivar el caso específico por el cual esa persona no está segura en ese país. El futuro de este grupo de migrantes dependerá en última instancia de lo que dictamine un tribunal de Roma, presumiblemente en un plazo de 48 horas. El Gobierno espera esta vez sortear el recelo de los jueces gracias a un decreto con el que se establece un régimen específico para las personas procedentes de determinados países considerados seguros.
Tras la evaluación de sus casos, los inmigrantes serán enviados al centro de internamiento de Gjader, que tiene capacidad para 3.000 personas al mes, rodeado por un muro vallado y coronado de alambre de siete metros de altura y dotado de cámaras de vigilancia.
Italia financió la construcción del centro, ubicado en una antigua base aérea edificada durante la dictadura comunista en Albania. El Gobierno italiano gestiona el centro y la Policía albanesa se limita a vigilar su perímetro exterior.
El Tribunal de Justicia de la UE resolverá previsiblemente en febrero el choque de criterios entre el Gobierno italiano y los jueces. Meloni no ha querido esperar hasta entonces y vuelve a activar este proyecto controvertido y muy costoso para las arcas italianas.
