- La Comisión Europea (CE) tiene previsto activar este mes las nuevas normas que condicionarán la recepción de fondos europeos al respeto del Estado de derecho, cerca de la fecha límite que le había dado la Eurocámara antes de llevarla ante la justicia europea por incumplir sus deberes, afirmó ayer una alta fuente comunitaria.
El mecanismo de condicionalidad, que permite paralizar el desembolso de dinero si se detecta una violación del Estado de derecho que afecte al presupuesto de la UE o sus intereses financieros, entró en vigor el pasado 1 de enero y está pendiente de evaluación por parte del Tribunal Europeo de Justicia puesto que Hungría y Polonia pidieron su anulación.
La Comisión quería esperar a que se pronunciase la justicia europea, pero el Parlamento Europeo ha presionado para que no se demore y Bruselas, que además lleva ya meses estudiando las posibles violaciones del Estado de derecho a sancionar, quiere evitar que el asunto acabe en una pelea interinstitucional en los tribunales comunitarios.
Una alta fuente comunitaria explicó que el mecanismo “está demasiado maduro para no activarlo ya” y que se pondrá en marcha a finales de octubre, aunque el inicio del proceso no derivaría inmediatamente en el bloqueo de fondos, para lo que habrá que esperar aproximadamente hasta la segunda mitad de 2022.
Bruselas cuenta con que la activación del mecanismo lleve a un recurso del país afectado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero ha elaborado unas guías sobre la aplicación de este nuevo instrumento y lleva meses trabajando en los casos para atar todos los flecos y construir un argumento lo más sólido posible sobre el riesgo que corren los intereses financieros comunitarios.
Aunque la fuente no especificó en qué países se estrenará este mecanismo, los Estados habituales en materia de violación de los valores europeos han sido durante años Hungría y Polonia; ambos están en conversaciones con Bruselas sobre los hitos que deben incluirse en sus respectivos planes de recuperación antes de que la Comisión valide su acceso al dinero del fondo de reconstrucción.
Por lo que respecta en concreto al caso polaco, Bruselas podría aprobar su plan en noviembre siempre que Varsovia acepte incluir compromisos relacionados con la reforma de su sistema judicial y la despolitización de la justicia.
Se espera que entre los hitos consensuados entre Varsovia y Bruselas figure el reclamo de la justicia europea para suspender inmediatamente varias competencias de la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, que castiga a los jueces por el contenido de sus sentencias y que Bruselas y el TJUE consideran opuestas a la justicia europea.
