La agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a 300 víctimas

La agresión sexual a una menor el pasado enero en Donostia ha permitido desarticular un grupo criminal, tras la detención de su cabecilla por esos hechos, y que, al parecer, habría estafado 55.000 euros a más de 300 víctimas de todo el Estado con anuncios falsos en plataformas de contactos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, cuatro personas han sido detenidas, tres hombres de entre 19 y 21 años y una mujer de 21, residentes en Donostialdea, y a los que les une lazos de parentesco y afinidad, a quienes se atribuyen los delitos de estafa y coacciones continuadas y pertenencia a grupo criminal.

Más de 300 víctimas

La organización criminal desarticulada por la Ertzaintza habría extorsionado a más de trescientas víctimas en todo el Estado a través de la publicación de anuncios fraudulentos en plataformas de contactos o de citas en línea con contenido sexual.

El mayor número de víctimas corresponde a personas de Canarias y Galicia, en donde la trama publicó la mayor parte de anuncios fraudulentos, según las mismas fuentes.

Agresión sexual en Donostia

La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos a la Ertzain-etxea de Donostia, se inició el pasado mes de febrero tras la detención del cabecilla del grupo por un delito de agresión sexual a una menor de edad registrado el pasado enero en la capital guipuzcoana.

Durante la investigación de este hecho, los investigadores constataron que, en el perfil de una red social utilizada por esta persona, aparecían fotos de diferentes mujeres con un alto contenido erótico y que estas imágenes iban cambiando cada poco tiempo.

Además, los agentes constataron que, con el número de abonado del acusado, aparecían referencias con anuncios de contacto en los que se ofrecían servicios de 'escort'.

Operativos desde 2022

La investigación, bajo la supervisión del juzgado de Instrucción número uno de la capital guipuzcoana, ha permitido identificar a las personas que formaban este entramado delictivo, operativo desde septiembre del año 2022.

La trama consistía en estafar y coaccionar de forma continuada a las víctimas mediante engaños en las plataformas de contacto, obligándoles a pagar mediante sistemas de pago electrónico, transferencias bancarias y pagos en cajeros por unos servicios que no existían.

Según la Ertzaintza esta organización criminal podría haber obtenido un beneficio económico superior a los 55.000 euros a través de anuncios falsos en plataformas de contacto o de citas en línea que ofrecían servicios o contenidos de tipo sexual destinados, principalmente, a hombres.

Una vez que los interesados accedían a las páginas y proporcionaban un número de contacto, comenzaban a recibir mensajes intimidatorios a través de mensajería instantánea reclamando pagos o adelantos por unos servicios que nunca llegaron a realizarse.

En los mensajes, las víctimas eran coaccionadas o chantajeadas, bajo el pretexto de difundir sus conversaciones y el tipo de servicios contratados a sus familiares cercanos. Muchas de las víctimas accedían a pagar por vergüenza o por miedo a las represalias.

Las investigaciones de la Ertzaintza se centraron en analizar los movimientos bancarios asociados, las líneas telefónicas utilizadas y los dispositivos desde los que se realizaron los contactos.  

Dificultar el rastreo

El análisis técnico permitió vincular las llamadas a una docena de líneas telefónicas de prepago, todas ellas activadas en distintos terminales móviles, utilizados con el fin de dificultar el rastreo policial. Además, se comprobó que los números receptores de los pagos pertenecían a cuentas de los miembros del grupo criminal y estaban relacionados con otras denuncias similares.

En muchos casos, el grupo, con una estructura delictiva organizada que actuaba "de forma jerarquizada", solicitaba el abono de una parte del servicio por adelantado y, posteriormente, exigía el pago completo con "diversos pretextos para obtener un mayor beneficio económico", han señalado desde el Departamento vasco de Seguridad. Los arrestados continúan en dependencias policiales y pasaran a disposición judicial una vez se finalicen con las diligencias correspondientes.