Puntos clave del pacto PP y Vox en Extremadura

PP y Vox han llegando a un acuerdo de gobierno en Extremadura, por el que Vox asume vicepresidencia y dos consejerías en el Ejecutivo regional, además del senador autonómico. Una de estas consejerías deja en manos de la ultraderecha Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Agricultura, Ganadería y Medio Natural. En estos temas las tomas de decisiones pueden tener consecuencias importantes. Su contraprestación es aprobar los cuatro presupuestos anuales a lo largo de la legislatura.

Las dos formaciones han firmado un acuerdo que consta de 61 puntos y 74 medidas, que abarcan "todas las áreas del Gobierno y que va a ser bueno para Extremadura", según la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola.

Será investida presidenta este miércoles en la Asamblea, y "de manera inmediata" tendrá lugar la toma de posesión. Sanidad, energía, educación, vivienda, inmigración o gastos generales destacan en es pacto "muy completo” y que “va a ser bueno para Extremadura", explica Guardiola.

En resumen, las políticas frente a la inmigración ilegal, la reducción de las cargas tributarias, el acceso a la vivienda protegida "inspirado en el principio de prioridad nacional", reducir la ecotasa de la central de Almaraz y blindar el sector primario frente a la Agenda 2030 marcan el pacto.

Rechazo a la Ley de Inmigración

El documento de consenso recoge 11 grandes capítulos, con un total de 61 puntos de acción gubernamental que, a su vez, incluyen 74 medidas en los que hay puntos destacados. Son muy rígidas las que respectan a inmigración. El pacto rechaza de forma expresa la política de inmigración del Gobierno español y se opone al reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad.

Además, se compromete a trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen” a través de “acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”.

Control de empadronamiento

En el acuerdo consta que se creará una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva para profundizar en el control de los empadronamientos de los inmigrantes y a suprimir la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros de Educación Primaria y Secundaria.

Es más, reduce al mínimo imprescindible para cumplir con la Ley todos los gastos vinculados a inmigración ilegal y suprimir todas ayudas con ONGs u otras entidades que "participen directa o indirectamente en promocionar, facilitar o sostener la inmigración ilegal".

La Junta de Extremadura prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos "por ser incompatible con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia".

Vivienda pública con "prioridad nacional"

En el capítulo de economía, se reducirán "al mínimo legal" las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo. Y en vivienda se creará un sistema de acceso a la vivienda protegida y el alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional” de forma que la asignación priorice “a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio" de mínimo de 10 años para la compra y 5 para el alquiler.

En lo referente a energía e industria ambas formaciones apuestan por blindar la continuidad de la central nuclear de Almaraz y proteger el suelo productivo y de uso tradicional y su compromiso por todos los medios legales y administrativos de favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos.

Protección frente a las "imposiciones de Bruselas"

El documento blinda al sector primario frente a la agenda 2030, para lo que este Gobierno se compromete a no aprobar ninguna medida que le "perjudique objetivamente" y lo protegerá de "las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde". También simplifica la normativa en los espacios integrados en la Red Natura 2000 y en la Red de Espacios Protegidos, así como la revisión de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos.

En sanidad y consumo consta un Plan de Mejora de la Sanidad extremeña orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad, el cual recogerá una dotación presupuestaria adicional de 500 millones de euros anuales y la contratación de 1.500 profesionales adicionales.

Desalojo exprés y ayudas a la natalidad

En seguridad, se aplicará de forma "firme" el desalojo exprés y refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal. “La prioridad nacional” dicta el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, entendida como "arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Añade “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”. De forma que los inmigrantes no tendrán acceso a la renta básica extremeña de inserción, y no concreta si tendrán acceso a la sanidad pública universal. Y familia, natalidad y demografía es otro de los puntos de trato PP-Vox con un incremento y refuerzo de las ayudas a la natalidad.