El Monumento a los Caídos de la discordia en Iruñea

El pasado 8 de noviembre, más de un millar de personas se manifestaron en Iruñea para reclamar el derribo del Monumento a los Caídos y rechazar así el proyecto de resignificación acordado por EH Bildu, PSN y Geroa Bai, que suman mayoría en el Ayuntamiento, para transformarlo en un centro de interpretación de la memoria histórica. Esta protesta visualizó de nuevo una pugna que lleva largo tiempo larvada sobre el destino del edificio en cuya cripta estuvieron hasta hace pocos años enterrados los generales franquistas Emilio Mola y José Sanjurjo.

La portavoz de los manifestantes, Yolanda Ansó, instó entonces a estas tres formaciones políticas a “estar con la memoria, con la historia y con las asociaciones derribando un monumento que nunca se podrá resignificar”. Negó que este sea “un lugar de memoria”, ya que “los lugares de memoria lo son donde ha habido presos, donde los presos han sido asesinados, explotados, esclavizados. Y esto lo hicieron exclusivamente para honor y gloria de los fascistas”, dijo.

Constató a su vez la “decepción” de los colectivos memorialistas con EH Bildu, que gobierna el Ayuntamiento en la figura de Joseba Asiron. Otro representante de los convocantes, Koldo Amatria, aludió a la posibilidad de que responda a “un politiqueo entre ellos, un cambio de cromos absurdo” en el cual “yo te doy los presupuestos y tú no tiras el monumento”. Entre los manifestantes había miembros de Contigo-Zurekin, que forma parte del equipo de Gobierno en Iruñea con EH Bildu y Geroa Bai pero que rechaza el acuerdo para mantener en pie el inmueble.

Cripta aislada

El Ayuntamiento de Iruñea esgrimió en noviembre de 2024 un informe de su asesoría jurídica que concluía que la Ley de Memoria Democrática de 2022 no obliga a demoler el edificio, por lo que rechazó la petición de asociaciones memorialistas para iniciar la tramitación del derribo.

El documento cita el artículo 35.6 de la ley estatal que establece que la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática “no será de aplicación cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por ley”. La norma agrega “que habrá de incorporarse una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática”, una tesis que avala además el Tribunal Supremo.

El informe jurídico recoge una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) de febrero de 2008 según la cual “las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento han sido suficientes para privar al edificio del carácter de símbolo del régimen franquista”. El consistorio, que se hizo con la titularidad del inmueble por donación, “aisló la cripta del resto del edificio”, al tiempo que “ocultó las inscripciones de exaltación de la denominada Cruzada y del régimen franquista”.