¿Qué balance hace de este primer año de legislatura?
Creo que estamos ante un gobierno pobre que está repitiendo las misma políticas que el anterior. Eso sí, hace un gran esfuerzo de comunicación, incluso de propaganda. Pero las políticas son las mismas. Desde la oposición, planteamos críticas y mano tendida, pero no llegamos a nada.
Entonces, ¿no se está cumpliendo lo de la legislatura del diálogo y la mano tendida de la que hacen gala todas las formaciones políticas, no solo las que conforman el gobierno vasco?
Yo creo que hay diálogo, pero luego no hay acuerdo en las cuestiones concretas. Tampoco es algo sorprendente. Cuentan con mayoría absoluta y saben que pueden sacar adelante las iniciativas que la oposición no comparte. Esto me parece que no es muy generoso. El Gobierno se preocupa de la comunicación, de las cuestiones que sabe que han sido criticadas por una amplia mayoría de la sociedad, pero luego repite las mismas políticas que los Ejecutivos anteriores.
Uno de los desmarques más recientes y sonoros de sumar ha sido la retirada del Pacto Vasco de Salud. ¿Qué motivó el abandono?
“En el Pacto de Salud, el Gobierno ha escuchado más a Confebask que a los sindicatos de Osakidetza”
Ya dijimos desde el principio que había cuestiones técnicas en las que podíamos coincidir, pero que había otras, de modelo, en las que nuestra posición estaba muy distante. Nuestra crítica fundamental estaba y está en la participación de empresas privadas en la Sanidad pública. Nos parece una cuestión fundamental. Debe haber una apuesta para que la Sanidad pública sea autosuficiente porque tenemos los recursos para no depender de empresas privadas. Pero ahí es donde el Gobierno vasco ha puesto la línea roja. Ha escuchado más a Confebask que a los sindicatos del sector.
La participación del sector privado, y muy matizada, es del 6%, muy por debajo de lo que ocurre en nuestro entorno. ¿Creen que hasta las máquinas de vending de los hospitales deben ser públicas?
Es que no es una cuestión de porcentajes. Es una cuestión de modelos. Estamos hablando de servicios sanitarios y de servicios auxiliares que son fundamentales para la sanidad, y la administración tiene capacidad de poder realizarlos de manera propia, sin que nadie, en este caso agentes privados, puedan obtener beneficios económicos de lo que es un servicio público que pagamos todas y todos los ciudadanos. A nosotros no nos vale ni el 5 ni el 6 ni el 7. No es una cuestión de porcentaje; es una cuestión de hacer una apuesta decidida por que todos los servicios que la sanidad pública puede y debe realizar, se hagan desde la sanidad pública, sin recurrir a externalizaciones y a contrataciones de servicios ajenos.
¿Ve algo positivo en el ejercicio que se ha hecho durante nueve meses en el pacto, con multitud de sectores representados y acuerdos mayoritarios?
Veo positivo el esfuerzo que hemos hecho muchos agentes a la hora de poner la sanidad pública, pues en el centro de la acción política. Tanto los sindicatos como los partidos políticos, como diferentes agentes vinculados a la sanidad. Desgraciadamente, creo que ha sido un proceso un poco caótico. Creo que el Gobierno no ha planteado adecuadamente la mesa. Primero, porque ahí había una representatividad elegida por el propio Gobierno,que fue quien decidió quiénes podíamos participar en la mesa y quiénes no podían participar en la mesa, y eso ha desvirtuado también a la hora de la toma de decisiones.
Foro de seguridad
El Gobierno da por encarrilado el asunto y, de cara a los próximos meses, pone el acento en la seguridad. Ustedes recibieron con algo más que recelo el Foro por la Seguridad.
Sí, porque hemos visto, sobre todo, una maniobra muy táctica. El Gobierno sabe que puede haber una sensación de inseguridad en algunos sectores de la sociedad. Pero, sobre todo, sabe que hay agentes políticos que están utilizando el tema de la inseguridad para generar miedo y poner el foco en determinados colectivos, concretamente, en los migrantes. Creo que el Gobierno comete un error cayendo en ese marco para intentar conectar con sectores que puedan estar preocupados por esa sensación de inseguridad. En materia de seguridad tenemos herramientas. Está la Justicia, está la Ertzaintza, tenemos un código penal y hay que abordar la cuestión de la inseguridad, pero hay que tener mucho cuidado con que esto no se convierta simplemente en una cuestión para generar miedo en la sociedad y facilitar discursos peligrosos de extrema derecha.
¿Y no se puede ver justo al revés? Precisamente, para que la extrema derecha no tenga el monopolio de estos discursos, abordarlo de un modo sosegado...
Claro, pero ese modo sosegado no es abordarlo en los medios de comunicación, como creo que ha hecho el lehendakari. Tú puedes trabajar para mejorar la seguridad en el país sin necesidad de hacer grandes anuncios y lo que hemos visto es al revés, se hacen grandes anuncios y luego no sabemos exactamente qué es lo que quieren hacer.
¿Pero no comparte que hay una preocupación por la seguridad en la sociedad, y también en personas que se sienten de izquierdas?
Siempre ha habido preocupación por la seguridad. Las personas siempre estamos preocupadas por nuestra seguridad, pero yo creo que se está generando una falsa sensación de inseguridad en Euskadi. Euskadi no es un lugar peligroso para vivir; no hay nada más que echar una ojeada al mundo que nos rodea. Creo que se está generando una especie de estado de opinión, de manera deliberada, por los grupos de derecha, de generar una sensación de inseguridad exagerada, para poder colarnos ese tipo de políticas xenófobas, políticas reaccionarias, políticas de mayor control policial. Ahora mismo, yo le diría que el principal problema de inseguridad que tiene nuestra sociedad es la inseguridad de no poder acceder a una vivienda, la inseguridad de la gente que tiene salarios bajos.
El euskera en la OPE
Hay otro asunto que está en la agenda y que va a ser caballo de batalla en el próximo curso, el blindaje del euskera en la convocatoria públicas de empleo. ¿Qué le parecen las propuestas de PNV y EH Bildu al respecto?
“PNV y EH Bildu tienen una pelea entre ellos por ver quién defiende más el euskera en las convocatorias de empleo”
Creo que tienen una pelea entre ellos por ver quién es el mayor defensor del euskera. Pero también creo que se está cometiendo un error. No creo que sea justo hablar de ofensiva contra el euskera y meter en el mismo saco desde las denuncias de Vox a trabajadores del sector público o de subcontratas que, simplemente, defienden su puesto de trabajo. Hay un totum revolutum en que se llega a decir que Comisiones Obreras forma parte de esa supuesta ofensiva. Ese no es el camino para la protección del euskera. Nosotros estamos dispuestos a abordar todos los cambios que sean necesarios para la protección del euskera y para la normalización del uso del euskera en nuestro país, pero si eso se hace en clave de confrontación incluyendo en el mismo saco a todos estos actores tan diferentes entre sí, desde luego ahí no nos van a encontrar.
¿No son compatibles entonces los derechos laborales y los lingüísticos? ¿Tienen que prevalecer unos por encima de los otros?
Siempre hemos defendido que son compatibles los derechos laborales y los derechos lingüísticos, y para eso hay que hacer bien las leyes y para eso hay que aplicarlas también correctamente. En este país había unos consensos en materia lingüística desde hace mucho tiempo, unos consensos muy transversales de izquierda-derecha, de nacionalistas y no nacionalistas y parece que se están rompiendo. La solución solo puede venir por rearticular esos consensos en los que seamos capaces de garantizar los derechos lingüísticos de las personas en este país y garantizar los derechos laborales de la gente que trabaja o que ha venido trabajando en la administración pública, o que está trabajando,en subcontratas para la administración pública y también en el ámbito de las empresas privadas. Nosotros hemos propuesto muchas veces utilizar recursos, incluso recursos públicos, a la hora de facilitar liberaciones para el aprendizaje del euskera porque también las personas tienen derecho a ser atendidas en las empresas privadas.
Nuevo estatus
Vamos con el comodín del nuevo estatus. Se habló de contactos discretos al respecto. ¿Qué noticias tiene usted?
La verdad es que veo el tema muy parado. Nosotros, desde un primer momento, hemos dicho que estamos dispuestos a hablar de la reforma del estatuto y también a hablar de otras cuestiones de cambios de modelo de Estado a nivel de todo el conjunto de España. Pero ya digo que veo todo muy parado en este asunto.
¿Sigue sin considerar prioritario este debate?
No es cuestión de prioritario o no prioritario. Hay cosas que están en el día a día y a nosotros nos tienen ocupados. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral o la conquista de nuevos derechos sociales. Por eso formamos parte del Gobierno de España. Es nuestro leitmotiv. La cuestión de la renovación del Estatuto también la abordamos desde ese punto de vista. Mientras no se aborde ese debate, nosotros vamos a estar centrados en las cuestiones políticas del día a día para mejorar y ampliar los derechos de la ciudadanía y de los trabajadores.
Pero no pondrían como línea roja ni el reconocimiento nacional de Euskadi ni el ejercicio del derecho a decidir a través de un referéndum...
Milito en un partido que reconoce el hecho nacional de Euskadi. En ese sentido, no tenemos ningún problema. Sumar reconoce y, además, defiende la plurinacionalidad del Estado. Además, tenemos una posición en relación al derecho a decidir. En mi opinión, todo eso pasa por una reconfiguración del Estado en sentido republicano. En ese marco, siempre estamos dispuestos a hablar de la toma decisiones de la ciudadanía y a caminar hacia modelos más participativos y más democráticos.
Vivienda
Una de las cuestiones sobre la que más le hemos escuchado a usted es la vivienda. Es muy crítico con los planteamientos del Gobierno y del Departamento, que está en manos del PSE.
Sí, porque estamos viendo que el Gobierno vasco está dando pasos hacia atrás, en el sentido contrario a los que está dando el PSOE a nivel estatal. Se aprobó una buena ley de vivienda que iba en la buena dirección. Pero vemos que, desde el Gobierno vasco de dan pasos en dirección contraria.
¿A qué se refiere, concretamente?
A la última propuesta en materias urgentes sobre la vivienda, que presentaron el presidente del EBB del PNV y el secretario general de los socialistas vascos. Es una iniciativa que, en nuestra opinión, responde a los intereses del lobby inmobiliario y de la construcción. Pensamos que se trata de un paso atrás que camina en contra de los principios de la ley de vivienda aprobada en el Estado español.
“Los partidos a la izquierda del PSOE debemos ser conscientes de lo que supondría un gobierno de PP y Vox”
¿Qué habría votado el pasado martes en el Congreso respecto al decreto antiapagones?
–Habría votado en coherencia con nuestro grupo, con Izquierda Unida y con el conjunto de Sumar. Es una medida que quizá no responde a todas las necesidades, pero es buena, así que habría votado a favor.
¿A pesar de que es un decreto que gusta a las empresas eléctricas?
No sé exactamente qué les gusta a las eléctricas de este decreto, pero sí hemos escuchado a organizaciones ecologistas y ambientalistas que es un buen paso, seguramente, insuficiente, pero si no es un paso atrás, hay que verlo como un paso adelante. Hemos visto que el rechazo no ha sido por cuestiones concretas sino tacticistas.
¿Esta derrota acerca un poco más el fin del gobierno de coalición?
No, la verdad es que no lo creo. Ya sabemos que en esta legislatura hay que articulando los apoyos votación a votación. Vemos que en cada negociación cada grupo utiliza sus cartas, pero ahí no veo riesgo. Veo más riesgo en los casos de corrupción que cercan al PSOE.
Luego entramos en esto. Antes, quiero preguntarle si Izquierda Unida está cómoda en el Gobierno y, un paso más adelante, en Sumar.
“Mientras se vayan sacando adelante medidas progresistas, estaremos cómodos en el Gobierno”
En IU sabemos desde el principio que no vamos a estar al cien por cien de acuerdo con el PSOE. Pero lo que nos ata es un programa de gobierno con el que sí estamos cómodos. Mientras se vayan sacando adelante las medidas de ese programa, estaremos cómodos.
¿Hasta dónde hay que contemporizar para evitar la caída del Gobierno? ¿Sigue sirviendo el comodín de evitar un gobierno de PP y Vox?
Hay que ser conscientes de lo que supondría un gobierno de PP y Vox. Sería un tremendo golpe para la mayoría de la sociedad y, particularmente, para la clase trabajadora. Pero es verdad que eso no justifica ser sostén del gobierno a toda costa. Como decía, para mí la línea roja es el cumplimiento del programa de gobierno. Si se mantienen las medidas progresistas, seguiremos apoyando este gobierno.
Volviendo a lo que comentaba anteriormente, ¿le parece adecuada la respuesta que están dando el Gobierno y el PSOE a los casos de corrupción que lo tienen cercado?
Hay que ser más exigente en relación con la corrupción. Creo que el PSOE ha tenido una evolución desde que se conoció el llamado caso Cerdán. Creo que es producto de la presión de Sumar. Pero hay que ir más allá. Hemos planteado medidas, algunas de las cuales se han aceptado y se van a poner en marcha. La izquierda tiene que ser absolutamente intransigente con la corrupción porque nuestros votantes lo son.
Hablando de la izquierda. ¿Qué le está pareciendo la actitud de Podemos, que se ha convertido en el partido más duro de la oposición al gobierno de coalición?
Los partidos a la izquierda del PSOE debemos ser conscientes de la amenaza que tenemos de un gobierno del PP con Vox. Pero también tenemos que serlo de las medidas que se le han arrancado al PSOE. Si lo que queremos es empujar a la izquierda a los gobiernos, lo tenemos que hacer con la mayor fuerza posible, no divididos, porque entonces será la derecha quien tenga más fuerza.
¿Y una herramienta para promover la unidad podría ser el frente plurinacional que estos días están proponiendo Bildu, Podemos o, parece que a título individual, Gabriel Rufián?
Nosotros, desde Izquierda Unida, llevamos mucho tiempo articulando diferentes vías para el entendimiento de la izquierda. Es una cuestión estatal y se trata de establecer programas políticos comunes, consensuando qué es lo que creemos que necesita el país para avanzar en un sentido de izquierdas, de progresismo y de justicia social. A partir de ahí, hay que sentarse en una mesa y articular alianzas que se pueden dar de diferentes maneras en el ámbito electoral para combatir los efectos de la ley, que castiga la división.
