El Consejo de Ministros da luz verde este martes el Proyecto de Ley de Información Clasificada para después remitirla al Congreso, donde iniciará su tramitación parlamentaria. Así lo han confirmado fuentes del Gobierno español que detallan que este Proyecto de Ley sustituirá a la Ley de Secretos Oficiales. Una de sus novedades principales novedades radica en que por primera vez se establece la desclasificación automática de información clasificada, una vez transcurran unos plazos determinados.
Concretamente, la ley recoge que el tiempo máximo de clasificación será de 45 años, prorrogables en otros 15 para determinados supuestos. "De esta forma, España se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en materia de información clasificada", defienden desde el Ejecutivo. En este sentido, apostillan que "países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos para la desclasificación que los previstos en esta ley".
Su contenido
Cabe destacar que aquella información relacionada con graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
Así las cosas, el contenido de la información a la que hace alusión el proyecto de ley queda se regula a través de cuatro categorías de información clasificada: 'Alto Secreto', 'Secreto', 'Confidencial' y 'Restringido'. Tras establecerse esta división, a cada categoría se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación, teniendo en cuenta "el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido".
Sanciones y multas
Las mismas fuentes explican que se introduce también "un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves".
Por medio de esta vía, se pretende crear actualizar y crear un régimen más proporcional, ya que el anterior "únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión". Otro punto destacable es que el derecho a la libertad de información se introduce como criterio de graduación de dichas sanciones.
Por otro lado, el Proyecto de Ley de Información Clasificada fija la puesta en marcha de la 'Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada' , organismo que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La reforma de la Ley de Secretos Oficiales y la desclasificación de documentos es una de las históricas reivindicaciones del PNV, tal y como quedó reflejada en la última intervención de Aitor Esteban como portavoz en el Congreso. Su solicitud fue recogida por el presidente, español Pedro Sánchez, quien se comprometió a cumplir con ella durante esta legislatura.
