El Congreso de los Diputados se dispone a celebrar este martes un pleno escoba, el nombre que reciben las sesiones que se utilizan para finiquitar varios asuntos pendientes antes de las vacaciones de agosto. A nadie se le escapa que puede ser muy tentador leer este pleno como una toma de temperatura de la estabilidad del Gobierno español tras el estallido del caso Cerdán y, quizás por ello, se ha renunciado a someter a votación cuestiones que no estaban maduras y que el PP hubiera utilizado contra Pedro Sánchez en caso de derrota, como la reducción de la jornada laboral, que aún necesitaba más trabajo de cocina con Junts. El presidente español ni siquiera estará presente, porque este lunes comienza un viaje por Chile, Uruguay y Paraguay. Pero, ajenos a estas interpretaciones y a la pugna entre el PSOE y el PP, los cinco escaños jeltzales pondrán la lupa en otro ámbito que afecta de manera muy directa a la comunidad autónoma vasca, a la industria y sus empleos. Entre las tres leyes que se van a someter a debate y los tres decretos que se van a convalidar, el PNV ha subrayado en rojo el real decreto ley 7/2025 por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, que ya se ha bautizado como el decreto antiapagones.
Este decreto es el que ha servido de percha al PNV para encarrilar una reivindicación que ha planteado de manera insistente durante más de un año: que la industria vasca cuente con una mayor capacidad eléctrica para depender menos de los combustibles fósiles, abordar la transición energética e implantar nuevos proyectos de descarbonización que pueden ser muy competitivos en el mercado, como el acero verde. Y la negociación ha fructificado en dos planos. Por un lado, a nivel de partido, el PNV consiguió que el decreto aprobado en Consejo de Ministros y que ahora debe convalidar el Congreso incluyera medidas para aflorar los megavatios que ya existen, que están disponibles pero no se han utilizado por la rigidez del sistema. Por otro lado, el lehendakari Pradales, en la reunión de la Comisión Bilateral del pasado martes, arrancó a Sánchez varios compromisos que no aparecen en el decreto y que servirán para activar más megavatios, es decir, potencia adicional. ¿Cómo? Elevando los límites en la inversión económica que frenan la modernización de las redes.
Liberar 2.600 megavatios con el decreto
En cuanto al PNV, el decreto aprobado en el Consejo de Ministros contempla las actuaciones necesarias para aflorar hasta 2.600 megavatios que ya existen y están infrautilizados. El decreto se compromete a ampliar el número de “posiciones” para que las empresas se puedan conectar a una misma subestación a partir del 1 de octubre de 2025 (“posiciones” o enchufes, como se suele decir para facilitar la comprensión) y, en el plazo de un año, para las subestaciones que no se puedan ampliar, el Gobierno español aprobaría otro decreto para permitir que varias empresas puedan ser alimentadas por un mismo enchufe. La solución está concebida para que, cuando una empresa esté conectada y no agote por sí misma toda la potencia disponible, otras empresas puedan nutrirse de ese mismo punto. Es una capacidad “secuestrada”, como la bautizó el lehendakari Pradales, porque es potencia que ha otorgado a una empresa y no la ha utilizado, o bien la ha retenido Redeia, Red Eléctrica Española. El Gobierno vasco había computado unos 4.000 megavatios en esa situación, de los cuales 1.380 se liberaron hace semanas para ampliar Mercedes en Gasteiz y para descarbonizar una cementera en Arrigorriaga. Quedaban unos 2.600 sin liberar, y el decreto contempla las actuaciones ya citadas para poder movilizar esa capacidad latente. Se plasma en los artículos 17, 18, 19 y 20. Y, además, se incluyen plazos más flexibles para revisar la planificación eléctrica, “al menos” cada dos años, y no cinco.
Aumentar los límites de inversión que impiden activar más capacidad
Pero hay otro debate, y ahí es donde ha entrado Pradales: elevar la capacidad eléctrica actual. El Gobierno vasco ha pedido que aumente desde los 12.000 megavatios vigentes hasta los 18.000. ¿Por qué no se hace? Porque tendría un coste aproximado de 2.500 millones de euros, y el Estado no ha podido afrontar hasta ahora ese coste porque un decreto de Rajoy le impide dedicar más del 0,13% del PIB a la inversión eléctrica. Pero, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Bilateral, Pradales anunció que “se aumentarán los límites máximos de inversión en redes eléctricas” para alinearlos con las nuevas demandas industriales. Ahí lo dejó, y el PNV tampoco quiere dar más detalles por ahora. El lehendakari añadió que el Gobierno español ha asumido un calendario de inversiones en redes eléctricas que va a “priorizar” las necesidades industriales frente a otro tipo de proyectos económicos.
Para tratar de incorporar este asunto en la agenda y presionar al Gobierno español, el PNV ha alertado de que un total de 117 empresas necesitan más capacidad eléctrica, y unos 70.000 empleos dependen de ello. Pradales llegó a plantear que, si el Estado no podía abordar la inversión económica necesaria, las instituciones vascas podrían adelantar parte del dinero y realizar después los ajustes necesarios vía Cupo para su devolución por parte del Gobierno español.
Podemos, a favor, en contra o abstención
La votación del martes llega, por tanto, en un clima de sintonía con el PNV, pero el problema está en otras bancadas. Al posible voto en contra de PP y Vox, que es casi una constante en lo que va de legislatura, podría sumarse el rechazo de un socio al que Sánchez necesita pero que cada vez le da menos oxígeno: Podemos. Su portavoz, Pablo Fernández, dijo este sábado que sienten una “franca preocupación” porque el decreto no hinca el diente al “oligopolio” eléctrico, y alentó el suspense: “Vamos a ver si votamos a favor, en contra o nos abstenemos”. Los decretos entran en vigor inmediatamente después de su aprobación en Consejo de Ministros, de manera que este decreto lleva un mes en funcionamiento. Sin embargo, el Congreso debe convalidarlos en el plazo de un mes, de ahí la votación del martes. Cuando los decretos decaen, caen también todas sus medidas, salvo aquellas que ya hayan desplegado sus efectos o se hayan trasladado a otras normas del ordenamiento jurídico.
El sector eléctrico, por su parte, ha enviado una carta a todos los grupos para pedirles que voten a favor con el argumento de que, en el supuesto de que el texto decaiga, traerá consecuencias “graves”: “exposición a futuras crisis, como el apagón del 28 de abril; la pérdida de competitividad internacional; o la paralización de inversiones que reducen la dependencia energética y la vulnerabilidad ante la incertidumbre geopolítica”. Desde Podemos, Pablo Fernández cree que el decreto no sirve para prevenir futuros apagones, y que “no toca al oligopolio energético”. “El apagón se produce porque las energías de respaldo, como la térmica de Iberdrola, estaban apagadas cuando deberían haber estado encendidas”, sostuvo.
