La Fiscalía ha decidido encargar la eventual investigación de la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra dos fiscales de Madrid al fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, al entender que “lo más razonable” es que los de Madrid no tengan que llevar una causa que afecta a sus superiores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid todavía no ha decidido si admite a trámite la querella del empresario Alberto González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por presunta revelación de secretos de su investigación por delitos fiscales. A la espera de que en los próximos días se conozca la decisión del alto tribunal madrileño, de admitirse a trámite, el caso recaerá en el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, que sustituirá a la fiscal de Madrid María de la O Silva.
Fuentes fiscales precisan que, al dirigirse la querella contra la fiscal jefe de Madrid y otro miembro de esta Fiscalía, y afectar también a la fiscal superior, “lo más razonable” es que sea un fiscal de fuera de esta comunidad quien se haga cargo. Además, la sustitución es, según explican las fuentes, consecuencia de la aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal que solicitó esta fiscal de Madrid, al discrepar del criterio de la número dos de la Fiscalía General y apostar por investigar la querella de la pareja de Ayuso. Dicho artículo dice que “el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe”.
El caso se llevó a la Junta de Fiscales de Sala, que avaló el criterio de la número dos del Ministerio Público, y que derivó en el nombramiento de un fiscal ajeno a la Comunidad de Madrid, que finalmente ha recaído en Francisco Javier Montero Juanes. No es la primera vez que sucede cuando un asunto afecta a fiscales y simplemente es una aplicación del Estatuto Fiscal.
