Beatrice Molle y Jean-Noël Etcheverry Txetx, miembros del colectivo Artesanos de la Paz, juzgados desde ayer en París, aseguraron que su intervención en la “neutralización” de armas y explosivos de ETA buscaba “evitar que el proceso de paz fracasara”. Tanto Molle como Etcheverry recibieron, antes del comienzo del juicio en el Tribunal Correccional de la capital francesa, el apoyo de senadores –Frédéric Espagnac (Partido Socialista Francés) y Max Brisson (de Los Republicanos, antiguo partido de Sarkozy)–, diputados de Iparralde y políticos como el presidente del IBB de PNB, Peio Etxeleku; el alcalde de Hendaia, el también socialista Kotte Ecenarro o el candidato de EH Bildu al Parlamento Europeo, Pernando Barrena.

Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2016, cinco años después de que ETA anunciara el cese definitivo de su violencia, cuando decenas de policías irrumpieron en un caserío de Luhuso (Lapurdi). Los cinco encausados anunciaron por las redes sociales que habían comenzado el desarme de la organización armada a través de las redes minutos antes de que los agentes entraran en el inmueble en el que se encontraban. Junto a los ayer procesados Etcheverry y Molle, también detuvieron a Stéphane Etchegaray Etxe, Mixel Berhokoirigoin y Mixel Bergougnan. La Fiscalía Antiterrorista apartó de la causa al primero, mientras que los otros dos han fallecido.

Propietaria de la casa de Louhossoa en la que se encontraba el arsenal de ETA incautado por la policía francesa (alrededor del 15% de las armas y explosivos que tenía entonces la banda), Molle insistió en declaraciones a la prensa en que en su acción no había “nada de criminal”. Además, justificó la iniciativa de los Artesanos de la Paz porque en ese momento “había un bloqueo total” del proceso de paz y reprochó a los gobiernos francés y español por no querer dialogar con la organización terrorista. Además, y ya ante las tres juezas del Tribunal Correccional de París, también añadió que su intervención para la “neutralización” de las armas y explosivos de ETA era una forma de evitar que el proceso de paz fracasara porque “sentíamos que iba tal vez a tambalearse”.

Mientras que Molle está imputada por posesión de armas y explosivos en relación con una organización terrorista, a Etcheverry se le acusa también del transporte de todo lo encontrado en la casa de Louhossoa. En sus interrogatorios, hasta ahora, no ha querido dar los detalles de sus encuentros para la entrega de las armas, ni la identidad de éstos. Ambos se enfrentan a una petición de hasta diez años de cárcel y una multa de 100.000 euros.