Pedro Sánchez ciñe el caso Koldo a un episodio concreto de corrupción perfectamente atajable y al que, a su juicio, el PSOE ha respondido “con ejemplaridad” pese a la “campaña de difamación” del PP. Tras respaldar plenamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuyo puesto “no está en peligro”, y aunque considera este capítulo como “grave”, el presidente del Ejecutivo español cree que existe una estrategia de desinformación y intoxicación por parte de la oposición tanto contra la exlíder de Baleares como contra él o, incluso, contra su esposa, Begoña Gómez, que a su entender califica a quienes la protagonizan. Así se pronunció en una conversación informal con los periodistas que cubren su viaje a Brasil, sacando pecho por la forma en que el PSOE ha actuado, ofreciendo colaboración a la Justicia, exigiendo responsabilidades políticas –en concreto, a José Luis Ábalos– y creando una comisión de investigación en la Cámara baja. “La corrupción cero no existe. Lo que existe es la tolerancia cero contra la corrupción”, argumentó.
Para Sánchez, más allá del ruido mediático por las “insidias” del PP, lo que queda es la réplica socialista en un escenario donde antes “había una corrupción institucionalizada, sistémica, y ahora hay un caso concreto de corrupción que se está atajando y cortando de raíz”. El líder del PSOE admitió que hay quienes le han reprochado por su sobreexigencia con el exministro de Transportes pero opina que esa es la respuesta que tenía que dar ante lo sucedido y a pesar de que no hubiera ninguna imputación contra el exministro, de quien prescindió en 2021 “sin conocer nada” de la trama. Respecto a que Ábalos fuera en las listas al Congreso, explica que no era para protegerle de nada, sino que trata de reconocer su trabajo a personas que han colaborado con él e incluso a otras que se han enfrentado a él en primarias.
Sánchez no tiene dudas sobre la gestión de Armengol en su etapa como presidenta de Baleares ante la polémica por la adquisición de mascarillas, y aunque no ha hablado con ella, le da su total respaldo, agradeciendo sus explicaciones públicas. El líder socialista puso también como ejemplo de actuación contundente que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya destituido al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez, que tramitó la compra de cubrebocas con la empresa investigada, Soluciones de Gestión. Cuestionado por si este caso desgastará la acción de Gobierno, reiteró que el foco está en la respuesta y que queda toda una legislatura por delante ya que su determinación es convocar elecciones cuando toca, en 2027.
En cuanto al PP, es consciente de que proseguirá con sus acusaciones y dice que no deja de sorprenderle que esa posición la lidere una persona como Alberto Núñez Feijóo por las condiciones en que llegó a presidir el PP. “No pueden dar ninguna lección”, proclamó Sánchez, evocando que se cumplen 20 años de lo que fue “el mayor bulo de la historia política”, el de la actitud del Gobierno de José María Aznar tras los atentados del 11-M. El siguiente paso del Ejecutivo, aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y afrontar las elecciones europeas, descartando que Rodríguez Zapatero pueda encabezar la lista socialista.
Puente descarta más ceses
En este contexto, Puente descartó que por ahora vaya a haber más ceses en Puertos del Estado, justificando la destitución de Sánchez Manzanares porque la respuesta que dio a la Oficina Antifraude “no se correspondía a la realidad y no fue honesto con los hechos”. De esta forma, el ministro desvinculo este cese a la auditoría que el Ministerio ha puesto en marcha en Puertos del Estado y Adif (otra empresa pública que contrató con la trama), cuyo trámite todavía sigue en marcha. Puente añadió que no puede despedir de Emfesa a Joseba García, el hermano del asesor de Ábalos, porque el informe que solicitó nada más conocer el caso Koldo es “categórico” en que “no hay causa de despido” porque solo está siendo investigado y no ha sido condenado.
Por cohecho
Imputado
Un mando de la guardia civil destinado en Venezuela. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’ puso en libertad ayer a un miembro de la Guardia Civil investigado en la causa por delitos de pertenencia a organización criminal y cohecho, y que está destinado en la embajada española en Venezuela, acordando como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio estatal y la retirada de pasaporte. De iniciales R.V., miembro del Instituto Armado y consejero de Interior en Venezuela, declaró ayer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 en el marco de una línea de investigación secreta en la que se investigan delitos relacionados con el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas.
En concreto, el magistrado acordó abrir esta pieza para investigar varias cuentas bancarias y practicar un nuevo registro. Otras fuentes jurídicas consultadas apuntan a que ésta no es la única pieza secreta y hablan de varias. Con todo, señalan que este mando de la Guardia Civil estuvo destinado previamente en la Jefatura de Información de la Unidad Central Especial (UCE-2) dedicada a terrorismo islámico y que en la actualidad estaba destinado en la embajada española en Venezuela.
