El PSOE exigirá a José Luis Ábalos que mantenga la disciplina de voto en el Congreso a pesar de pasarse al Grupo Mixto, lo que le ha acarreado una suspensión cautelar del partido. Pese a todo, la dirección de Ferraz sostiene que el exministro debe votar en el mismo sentido que sus excompañeros de bancada y además tiene que seguir abonando las cuotas del partido hasta que la decisión sobre su expulsión sea definitiva. La cuestión no es baladí ya que la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez es ahora aún más exigua. El Gobierno de coalición nació con 153 diputados, a 23 de la mayoría absoluta, los que tenían el PSOE y Sumar tras las elecciones, siendo conscientes de que tendrían que sudar la camiseta en cada votación. Pero la cosa se fue complicando después de que Podemos se bajara del barco de Yolanda Díaz, rebajando esa cifra a 149 y, ahora, con la marcha de Ábalos al gallinero se reduce a 148.
Fuentes parlamentarias esperan no tener que negociar con Ábalos para que vote en la misma línea que sus excompañeros. Pero en todo caso indican que esa no es una preocupación ahora, y que la prioridad pasaba por atajar el asunto cuanto antes. En caso de votar en sentido distinto, el exministro se enfrentaría a un multa económica y podría tener consecuencias en la resolución de su expediente, en caso de que decida recurrir su expulsión. El último precedente es el de la exdiputada y recién nombrada presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que tuvo que pagar 600 euros, la máxima que prevé el reglamento interno, por romper la disciplina de voto y abstenerse ante la Ley Trans el 22 de diciembre de 2022.
De entrada, Ábalos ha conseguido blindarse ya que mantiene sus ventajas como diputado y el aforamiento que le corresponde, de modo que en caso de tener que responder ante la Justicia por el caso Koldo, solo podrá ser investigado por el Tribunal Supremo (TS) y no por la Audiencia Nacional (AN), como se recoge en el artículo 71.3 de la Constitución. Para imputarle, el juez instructor a cargo del caso debería elevar al Supremo una exposición razonada con indicios relevantes contra él, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y decidir el TS si abre procedimiento. Todo eso complica una eventual actuación inmediata contra él.
Retiene la asignación constitucional de 3.142,14 euros al mes, que es igual para todos los diputados. A este salario base se añade una indemnización que, en su caso, al haberse presentado a las elecciones en una candidatura por Valencia, es de 2.018,41 euros mensuales, la que corresponde a los diputados de circunscripciones distintas a Madrid. Es una cantidad dedicada a cubrir gastos y exenta de tributación. Sin embargo, Ábalos renunció el lunes a la presidencia de la comisión de Interior del Congreso, cargo con el que se vio compensado para ampliar su nómina, y que le suponía añadir a estos más de 5.000 euros mensuales otros 1.598,13 euros por gastos de representación.
