JOSÉ Luis Ábalos prolonga la situación de incomodidad para Pedro Sánchez al dar portazo a la petición de renuncia a su acta de diputado que le había exigido la Ejecutiva del PSOE. La componente emocional de la comparecencia del exministro socialista en el Congreso describe una dimensión humana en la que, no siendo hasta la fecha objeto de investigación judicial en el denominado caso Koldo, el que fuera secretario de organización del PSOE se aferra a su honorabilidad para reclamar la adhesión a su palabra y a su persona. En este sentido, es preciso admitir que el impacto del caso adquiere la dimensión asociada a un modo de hacer política en el que la verdad no interesa tanto como el desgaste que pueda provocar el procedimiento. La insinuación, la acusación antes que las pruebas, campan en el debate mediático y político como mecanismo de desgaste del presidente Sánchez. No obstante, el caso también da pie a reflexionar sobre el concepto de responsabilidad política y el modo de acreditarla y asumir sus consecuencias. Es obvio que un procedimiento judicial con indicios de delito debe provocar inmediatas actuaciones de autoprotección de los partidos y las instituciones de las que se pudieran haber valido sus miembros para la comisión de un presunto delito. Pero, por lo sabido hasta ahora, la responsabilidad política que debe asumir Ábalos estaría determinada por una culpa in vigilando y sería oportuno consensuar los extremos de esa responsabilidad con un carácter general. El exministro puede ser, efectivamente, responsable de esa falta de control de subordinados muy próximos que habrían utilizado la posición otorgada por él para cometer delitos. Esto no le convierte en un delincuente pero no le exime de la sanción política. Acreditar los términos de esa responsabilidad y el alcance de esa sanción han pasado a un segundo plano en tanto la forma de entender la política de Pedro Sánchez conlleva el consumo intenso de activos humanos en su entorno. En la voluntad de la oposición figura agotar también por esa vía al presidente. Ahora, esperan comisiones de investigación que confrontarán sus enfoques en función de quién las inste. No permitirán mejorar los procedimientos de gestión pública en tanto la prioridad sea la exculpación plena del ejecutivo o su defenestración completa, según el interés de cada cual.
