El Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona archivó definitivamente la querella presentada contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y técnicos municipales por presuntas coacciones y prevaricación al fondo de inversión Vauras para que diera en alquiler social pisos de su propiedad, entre ellos el Bloc Llavors, que estaban ocupados por familias vulnerables. La magistrada archiva la investigación que también afectaba a dos exconcejales del equipo de Colau. Las investigaciones partieron de una querella que presentó el fondo, y en su declaración judicial Colau negó haber intervenido en la concesión de licencias de obras al fondo ni reunirse con sus representantes, y explicó que, desde que llegó a la alcaldía, tenía delegadas las funciones en materia de concesión de licencias y en todas las áreas del Ayuntamiento, como Vivienda y Derechos Sociales.

Tras investigar el caso, la jueza concluye que “ni hubo presiones ni hubo resoluciones dictadas injustamente como consecuencia de aquella negativa al alquiler social”, y recuerda que para indagar ha consultado las grabaciones que Vauras entregó al juzgado sobre sus reuniones con representantes municipales. Subraya además que Colau “no tuvo ninguna participación ni en las reuniones que se dicen coactivas, no asistió a las mismas, ni intervino en la coacción” y tampoco dictó ninguna de las resoluciones que Vauras impugna. Por eso cree que la inclusión de la exalcaldesa en la querella “no puede sino obedecer a fines ajenos al procedimiento penal, a conseguir el efecto mediático que supone involucrar a un político en un procedimiento penal” a sabiendas de que no participó en las reuniones.

La jueza considera que Vauras se querelló contra Ada Colau “simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda que propició durante su mandato”, y recuerda que no es una justificación que ella estuviera al frente del Ayuntamiento porque las funciones de alcaldesa son delegables.

Tras este archivo, la exregidora considera que los “titulares de lawfare” le hicieron perder votos y quedar por detrás del candidato del PSC y ahora alcalde, Jaume Collboni, en las elecciones municipales del 28-M. “Esto es el famoso lawfare o guerra judicial del que tanto se ha hablado. Al final todo se archiva pero el daño está hecho”, reaccionó Colau, que recuerda que, con esta, ya han archivado 15 causas contra ella.

En el mismo mensaje en Telegram compartió una fotografía en la que aparecen los resultados que obtuvieron los grupos municipales el 28-M: “Veréis que, aunque al final todo queda archivado, quizás si que les ha salido a cuenta a determinados lobbies hacernos lawfare”. “En la últimas elecciones, el actual alcalde del PSC obtuvo un concejal más con solo 141 votos más que nuestra candidatura. ¿Qué habría sucedido sin todos los titulares y mi imagen yendo a declarar al juzgado en los medios de comunicación?”, lamentó la líder de los comunes.