El próximo 4 de noviembre Kontseilua ha convocado una manifestación en contra de las sentencias judiciales que atentan contra las políticas de normalización lingüística. El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha rechazado estas acusaciones y ha negado que exista ‘euskarafobia’ en el ámbito de la justicia tal y como asegura Kontseilua. El magistrado va más allá e incluso señala que los jueces son “receptivos al euskera”.
Pero lo cierto es que en los últimos tres años se ha producido una cascada de sentencias judiciales que fallan en contra de convocatorias públicas de empleo por los requisitos exigidos de euskera, en su mayoría, en respuesta a los recursos interpuestos por trabajadores públicos o por sindicatos.
El Gobierno vasco ha denunciado esta situación en numerosas ocasiones, e incluso el lehendakari mostró su preocupación por los pronunciamientos judiciales en su discurso en el Pleno de Política General. El Ejecutivo vasco reclamó respeto al autogobierno vasco después de que el Tribunal Constitucional anulara el pasado mes de julio un artículo de a Ley vasca de Instituciones Locales en el que se aboga por promover el uso preferente del euskera en la documentación de los ayuntamientos. El tribunal considera inconstitucional que los cargos y trabajadores municipales tengan que alegar desconocimiento del idioma para recibir la documentación en castellano.
Cinco sentencias en 2023
2023 comenzó con dos varapalos al euskera. El juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Gasteiz obligó a aceptar en la academia de Arkaute a todos los aspirantes a policías municipales que durante el proceso público de selección no superaron el nivel de euskera requerido. Con pocos días de diferencia otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó que las administraciones locales no pueden imponer requisitos de euskera a los trabajadores de subcontratas que presten servicio a las administraciones públicas.
Por el mismo motivo, y el mismo tribunal anuló en marzo de 2023 la convocatoria de 34 plazas de cuidador o cuidadora de los centros residenciales de la diputación foral de Gipuzkoa a través de la Fundación Uliazpi, por exigir el perfil B2 de euskera en 32 de las ofertas de empleo y valorarlo como mérito en los restantes.
También en marzo de 2023 el máximo tribunal vasco sentenció que las cláusulas lingüísticas en una adjudicación en Ondarroa de un contrato de transporte escolar eran abusivas.
Dos meses después el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao daba la razón a un policía municipal temporal de Erandio que acudió a los tribunales para reclamar que no le obligaran a acreditar el Nivel B2 de euskera argumentando que el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas establece que los mayores de 45 años están exentos de cumplir la preceptividad de los perfiles lingüísticos.
El euskera, un idioma difícil
Sin duda una de las sentencias más polémicas y más comentadas llegó en febrero de 2022 cuando una jueza de Gasteiz obligó al ayuntamiento de Laudio a readmitir a un trabajador que no había logrado alcanzar el nivel PL3 requerido a pesar de los ocho cursos que realizó. La magistrada incluso acusó a la administración pública de “nula sensibilidad” al no tener en cuenta que el euskera “ocupa la quinta posición de los idiomas más difíciles del mundo, y en algunas listas incluso la primera”.
En mayo del año pasado el Tribunal Superior de Justicia también anuló el requisito lingüístico en la convocatoria pública de la Policía Municipal de Irun. De nuevo por considerar que el conocimiento necesario del euskera supone una “condición discriminatoria”.
