Mucho se ha escrito, y dicho, desde que el pasado mes de abril, entonces en puertas de la campaña de las elecciones del 28-M, Pedro Sánchez aprobara junto con EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya la Ley de Vivienda. Una normativa para la que el Gobierno de España no tiene competencia de regulación y que se presentó a la opinión pública bajo la bondad de servir para fijar, entre otros, un tope al alquiler sin que el IPC sea el índice de referencia y también nuevas medidas de protección frente a los deshaucios.

Desde el principio el PNV advertía de que la ley suponía un canto de sirenas por cuanto que son las comunidades autónomas las que tienen en exclusiva competencia en la materia y lamentaba que, precisamente fuera EH Bildu quien ahondara en esa merma de la capacidad de Euskadi en esta materia. Desde la coalición abertzale se ha negado en todo momento esa supuesta afección a la capacidad normativa de la Comunidad Autónoma Vasca en Vivienda.

Pues bien. Catalunya se suma ahora a Euskadi en advertir que la Ley de Vivienda pactada y aprobada entre el Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu y Esquerra Republicana de Cataluyna vulnera las competencias que tiene en esta materia. Aunque deja para el 1 de septiembre la decisión de plantear ante el Tribunal Constitucional un recurso por dicha vulneración, lo cierto es que los servicios jurídicos del Parlament catalán coinciden con el análisis realizado por Lakua sobre la intromisión que se produce en muchos de los artículos aprobados en el Congreso de los Diputados por PSOE, EH Bildu, ERC o Más País.

El 1 de septiembre es la fecha que se ha dado el Parlament catalán para convocar un pleno en el que votar si interpone dicha demanda.

De esta manera, el pleno decidirá si recurre la nueva ley al TC al igual que ya lo hiciera el pasado 27 de julio el Ejecutivo de Iñigo Urkullu en el último consejo de Gobierno antes de las vacaciones. En su argumentación, la consejería de Autogobierno capitaneada por Olatz Garamendi se basa en una serie de informes jurídicos en los que se han detectado intromisiones en 7 artículos (de un total de 36) y cuatro disposiciones de la ley aprobada por Sánchez junto a EH Bildu y ERC.

“Vulneración”

Sin embargo, ahora, una vez que Junts solicitara un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) porque considera que se produce una “vulneración del ámbito competencial de la Generalitat y del principio de seguridad jurídica”, dicho organismo coincide con el análisis llevado a cabo en Euskadi dado que determina que diversos artículos y disposiciones de la ley vulneran “la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda que fija el Estatut de Autonomía de Catalunya”.

Asimismo, la institución jurídico-consultiva de la Generalitat también ha constatado que la norma vulnera “el principio de autonomía financiera y la autonomía de gasto de la Generalitat”. “El texto estatutario establece que corresponde a la Generalitat, en el ámbito de sus competencias exclusivas y de manera íntegra, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, y que es solo a la Generalitat a quien corresponde el ejercicio de estas facultades y funciones, mediante las cuales puede establecer políticas propias”, ha sostenido el CGE en el dictamen.

En el caso de Euskadi, el “informe de procedibilidad” elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno vasco, establece que el Estado se “extralimita” al regular la vivienda, que es competencia autonómica y donde ya existe una ley vasca.

Asimismo, se considera que se incurre en una regulación “supletoria”, que supone que el Estado legisla aunque no tiene la competencia, con el argumento de que otras comunidades no aprueban leyes y hay un vacío en este terreno, algo ya rechazado por el Tribunal Constitucional en otras ocasiones.

Y, además, permite teóricamente a las comunidades decretar o no las zonas tensionadas para topar los precios del alquiler, pero en la práctica les impone las reglas, una regulación muy detallada que se produce en otros puntos de la ley como la reserva de suelo para el parque de vivienda, y que deja sin espacio ni libertad al Gobierno vasco. Esta decisión no supone criticar el fondo de la ley o su contenido, sino el hecho mismo de legislar cuando la competencia es autonómica.

Solicitud

Junts ha solicitado que el Parlament interponga un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 15, 16, 17, 18, 27, 28, y 29, las disposiciones transitorias primera y segunda, y la disposición final séptima de la Ley por el Derecho a la vivienda. El 1 de setiembre se llevará previsiblemente la votación en el Parlament catalán, donde es previsible que no salga adelante por la suma de fuerzas entre el PSC, ERC y En Comú Podem.

Madrid y Andalucía, bajo mandato del PP, también han recurrido la mencionada normativa bajo el mismo argumento, la invasión competencial. Desde Euskadi, el portavoz del Ejecutivo vasco explicó en su momento que los servicios jurídicos consideran que la nueva Ley española viene a reglamentar sobre asuntos concretos que no están regulados en la legislación vasca pero que son competencia de Euskadi. “Ocupa un espacio en el que poder desarrollar nuestras propias políticas en materia de vivienda, generando, al mismo tiempo, inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar”, zanjó Zupiria.

El apunte

El contraanálisis. La aprobación del recurso a la Ley de Vivienda en el Gobierno vasco no contó con el apoyo de los consejeros del PSE. Los socialistas vascos coinciden con EH Bildu en negar que existe esa invasión en una materia que regula en exclusiva la CAV. De hecho, pese a lo que determinan los informes jurídicos, el consejero Iñaki Arriola defendió que se respeta escrupulosamente el marco competencial.