Los contratos efectuados por la Junta de Andalucía bajo el mando del PP durante la pandemia están siendo investigados por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. El sistema para captar personal temporal, conocido como contrataciones exprés, ya ha sido rechazado por la justicia en el plano contencioso administrativo; pero la investigación de la Fiscalía abre la puerta a la existencia de delitos penales. La ministra y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, señaló ayer lunes que sería “gravísimo” si se confirma que la Fiscalía Anticorrupción está investigando al número tres del PP, Elías Bendodo, por estas adjudicaciones.

Según el diario digital ElPlural, en el periodo que abarca la investigación Bendodo ejercía como consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, departamento que emitió las nuevas normas de contratación en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de covid. Posteriormente, el dirigente popular fue fichado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo cuando este se puso al frente del partido y actualmente es coordinador general del partido.

Alegría afirmó que en el PP “llueve sobre mojado” porque hace pocos días se conocieron las “colocaciones a dedo” de la actual secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en La Rioja y ahora este caso que afecta a Bendodo. “El tema no da pie a la broma pero entiendo que el PP vota en contra de la reforma laboral porque parece que con ser amigo de un dirigente del PP tenías asegurado un puesto de trabajo”, espetó la socialista.

El modelo de contratación permitía que, tras la publicación de la oferta de empleo en la web de la Junta y solo con presentar emails por parte de los concurrentes en un plazo de 24 horas, con titulación y declaración responsable, pudieran otorgarse plazas interinas en la administración andaluza. Funcionarios a golpe de clic, siempre que uno se enterara de la convocatoria durante las 24 horas que estaba abierta. Las convocatorias incurrían en otras discriminaciones, como eran las de género, edad o discapacidad, ya que excluían a mujeres que estuvieran en periodo de lactancia o embarazadas, enfermos oncológicos o crónicos, como diabéticos, portadores de VIH o mayores de 60 años.