La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, negó ayer lunes ante la Justicia que diera indicaciones a los servicios municipales para que sancionaran al fondo de inversión Vauras con el fin de que destinara inmuebles de su propiedad a alquiler social o les paralizaran obras como forma de presión.
Colau declaró como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona por los delitos de coacciones y prevaricación, a raíz de la querella que presentó contra ella la empresa Vauras, que mantiene que el Ayuntamiento le presionó mediante sanciones y trabas administrativas para que destinara viviendas a alquiler social.
En una breve declaración, Colau, que se negó a responder a las preguntas de Vauras Investments, adujo que, poco después de acceder a la Alcaldía, delegó sus funciones en materia de vivienda en los servicios municipales, por lo que no tuvo intervención alguna en los expedientes relacionados con el fondo de inversión.
La querella de Vauras contra la alcaldesa, que está investigada en otro juzgado de Barcelona por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines; fue archivada por la misma jueza instructora en noviembre de 2020 al no ver indicios de delito, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrirla en abril del año pasado.
En la comparecencia de ayer lunes, los abogados del fondo de inversión anunciaron que pedirán más diligencias para aclarar los hechos, por lo que lo más probable es que la alcaldesa afronte las elecciones municipales del próximo mes de mayo sin que haya una resolución sobre la querella.
Vauras acusa a Colau, además de a sus concejales Lucía Martín y Marc Serra, de haberles amenazado con detener o paralizar las licencias de obras de edificios que estaba construyendo el fondo si no ofrecían pisos de alquiler social a las familias vulnerables que pretendían desahuciar del edificio de Barcelona conocido como Bloc Llavors.
La querella también sostiene que el Ayuntamiento, como medida de coacción, impuso a Vauras hasta seis multas por incumplimiento de la ley catalana de vivienda que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social a familias desahuciadas, varios de cuyos preceptos fueron anulados después por el Tribunal Constitucional.
En ese sentido, Ada Colau alegó que no tuvo contacto alguno con Vauras ni intervino en los expedientes que se le abrieron.
