El nuevo Tribunal Constitucional de corte progresista afrontará asuntos clave como la sedición o el aborto

Y es que estos dos nombramientos (César Tolosa y María Luisa Segoviano), desbloquean también los otros dos que compete realizar al Gobierno español, con lo que el exministro Juan Carlos Campo y la jurista Laura Díaz entran también al Constitucional, dibujando una nueva mayoría en el órgano -siete progresistas frente a cinco conservadores, salvo sorpresas-.

Así las cosas, el Gobierno de Pedro Sánchez confía en que las futuras resoluciones del tribunal puedan ser más favorables a sus intereses y evitar que el órgano judicial funcione como un contrapoder -tal y como ha venido ocurriendo en los últimos años con la mayoría conservadora-.

Además, lo que está en juego no es baladí, ya que el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre, entre otras cuestiones, las reformas que atañen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al propio TC -paralizadas cautelarísimamente en el polémico fallo de la semana pasada-, la ley catalana que evita la cuota del 25% de castellano en las aulas, o el aborto y la eutanasia.

Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, el PP y su diputado Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el representante popular, que se sumó por error suyo a los síes.

Tanto Vox como el PP sostienen que la decisión de Batet de no permitir que Casero votara de forma presencial, para enmendar su equivocación, supuso “hurtar la voluntad popular”. Posteriormente, un informe de los letrados del Congreso determinó que el voto telemático del diputado fue válido, descartando un error informático y apuntando así al fallo humano.

Otra cuestión que fue polémica en el ámbito político e institucional y que el TC admitió pero no ha resuelto es la de las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, que limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados, respectivamente, en inmuebles de administraciones públicas, establecimientos comerciales, espacios culturales o transportes públicos.

Son estos partidos de derecha y ultraderecha, a los que en ocasiones también se ha sumado Ciudadanos, los que acumulan recursos en el tribunal a falta de resolver. En esa línea, está también sobre la mesa la impugnación de populares y naranjas a la ley catalana que enmendó la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que reafirmaba la obligación de que al menos el 25% de las clases sean en castellano. Vox también recurrió pero su impugnación no se admitió a trámite por un defecto formal.

Aborto y eutanasia

En el plano social también hay varias decisiones pendientes, y es que en su día el Constitucional admitió los recursos de PP y Vox contra la ley que regula la eutanasia, que permite practicarla a pacientes que lo soliciten y que tengan un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.

También hay otras cuestiones que vienen de largo como la del aborto. Y es que todavía se aguarda la respuesta del TC al recurso presentado en 2010 por el PP contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que supuso implantar un sistema de plazos, al que después se ha sumado un recurso de Vox contra la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.