Horas antes de que el Tribunal Constitucional (TC) se reúna de nuevo -hoy lunes por la mañana- para adoptar una decisión sobre el recurso que ha presentado el PP para frenar la tramitación de la reforma del Código Penal en lo que a los cambios en el Poder Judicial se refieren, el PSOE presentó dos recursos ante el tribunal para tratar de impedir que se frene la tramitación parlamentaria de la norma.

Ayer por la tarde, según informó eldiario.es, desde Ferraz registraron dos escritos ante el Constitucional que ahondan en la tesis de que si el tribunal para la reforma se vulneraría “el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”.

Asimismo, los socialistas alegan que el recurso del PP contra la reforma “pretende soslayar la aplicación del principio de contradicción que resulta inherente a los procedimientos legislativos y a los procesos jurisdiccionales”.

En cualquier caso, desde Moncloa expresan confianza en que el tribunal desestime la petición de los populares y la iniciativa legislativa pueda continuar su trámite.

Y es que, si el TC opta hoy por estimar el recurso, la tramitación de la reforma esta semana en el Senado quedaría en entredicho, ya que se paralizarían los artículos que conciernen al sistema de elección de los magistrados por el Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En caso contrario, se prevé que la norma quede refrendada el jueves en votación en la Cámara Alta.

Para complicar el embrollo, el tribunal debe pronunciarse también sobre la recusación de dos magistrados planteada por Podemos en esta cuestión y, de prosperar la petición de los morados -lo que parece improbable-, los miembros del sector progresista tendrían mayoría en esta votación en el órgano.

Mientras tanto, ayer domingo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se pronunció al respecto y confió en que el Constitucional no paralice la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal, porque tendría consecuencias “muy graves para la separación de poderes”. Por ello, espera que la decisión que se adopte sea “justa y con arreglo a la ley”.

En rueda de prensa en la sede del PSOE, Bolaños incidió en que “no quiero ni imaginarme las consecuencias de lo que podría pasar si el Tribunal Constitucional adopta una decisión en línea con la maniobra que está planteando el Partido Popular, porque serían consecuencias muy graves para la separación de poderes, para la normalidad institucional y para el sistema democrático”.

Así las cosas, el titular de la Presidencia espera que el tribunal no se arriesgue a tomar una decisión que agravaría la actual crisis institucional entre el legislativo y el Poder Judicial. “Confío en que el Tribunal Constitucional adopte una decisión justa y con arreglo a la ley”, dijo el ministro el día anterior que el tribunal de garantías tenga que pronunciarse sobre el recurso de amparo interpuesto por el PP para paralizar la reforma del Código Penal que, además de suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación, permite renovar a los magistrados del Constitucional y del Poder Judicial.

Bolaños aseguró que esta semana “es clave” después de que el PP haya provocado con su recurso una “tensión institucional insoportable” al llevar al límite a las instituciones democráticas del país, por lo que pide a dicha formación que “por responsabilidad” termine “con esta deriva”.

“Delirio dictatorial”

Por su parte, el PP acusa a Moncloa de practicar un “delirio dictatorial” en sus decisiones. Según expresó su coordinador general, Elías Bendodo, es “peligroso” que a Pedro Sánchez “le estorben la democracia y sus contrapesos”.

Odón Elorza

Pide la mediación de Felipe VI

Ve una “degradación” de la democracia. El diputado del PSOE Odón Elorza advierte de que existe un “clima de degradación de la democracia” en el Estado y dice que no entiende por qué Felipe VI “no trata de mediar para que, en defensa de la democracia, se consiga orientar el mejor funcionamiento de las instituciones”. En una entrevista en la Ser, Elorza manifestó que los “antecedentes” indican que hay un “comportamiento extraño y partidista” por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. “Estos sectores conservadores están siguiendo el juego claramente al PP, intentando contribuir a degradar la imagen del Gobierno y deslegitimando el Ejecutivo de coalición”, opina.