La celebración del día internacional de la persona migrante ha vuelto a poner de manifiesto que en Euskadi existe una mayoría social y política a favor de la integración y de prestar asilo. Existe una sensibilidad especial, quizás porque miles de vascos tuvieron que recurrir también al exilio tras el estallido de la Guerra Civil. Desde ese compromiso, el PNV volvió a solicitar ayer domingo la transferencia de la competencia de inmigración. Pidió que Euskadi asuma las funciones y servicios de acogida, atención sociosanitaria y orientación; política de integración; integración social y económica, lingüística y cultural; y la ejecución de la legislación laboral en materia de autorizaciones de trabajo de las personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en la CAV, incluida la inspección y sanción.

Como ya adelantó este periódico, el lehendakari ha abierto una vía de comunicación con el ministro José Luis Escrivá, de manera incipiente, con la intención de que se constituyan los grupos técnicos para abordar el traspaso. En concreto, ha puesto el foco en las autorizaciones iniciales de los permisos de trabajo. Tras la reunión que ambos mantuvieron el 14 de octubre en el Palacio de Ajuria Enea, se han producido contactos entre el ministro y la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi. 

Este debate lo habían sugerido en un primer momento los propios socialistas por boca del entonces ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, pero después se cuestionó su viabilidad y acabó varado durante todo el tiempo que duró la tramitación de la reforma del reglamento de Extranjería, que impidió cualquier aproximación a la transferencia. Para ambas partes, este asunto es vital para el mercado de trabajo y para paliar la escasez de mano de obra en determinados sectores, y al Estado podrían hacerle falta manos en otras administraciones para gestionar los permisos.

El PNV reclamó ayer domingo esta transferencia en una declaración aprobada con motivo del día internacional de la persona migrante, un punto que también puso sobre la mesa EH Bildu en otra declaración en la que cuestiona el “dominio” del Estado para gestionar “casi en exclusividad” estas políticas salvo en algunas actuaciones relacionadas con la integración social. “A Euskal Herria se nos niega disponer de nuestras propias políticas migratorias con las que poder regular en igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades de toda la ciudadanía. Por ello, volvemos a reclamar competencias y soberanía”, denunciaron. Consideraron “urgente” asumir las competencias sobre las autorizaciones de trabajo. En cualquier caso, la coalición aprovecha también para cuestionar al Gobierno vasco y considera que ha desarrollado escasamente las competencias.

“ES NUESTRA OBLIGACIÓN”

El PNV considera que “es nuestra obligación dar a la migración una respuesta adecuada”, desde los solicitantes de asilo, hasta los menores no acompañados, con quienes traza un paralelismo con los niños que abandonaron Euskadi en barcos durante la guerra. Se compromete a suscribir el pacto social vasco para la migración, desarrollar un modelo vasco para gestionar esa diversidad cultural, no permitir que “discursos xenófobos y actitudes intolerantes campen a sus anchas”, y fomentar la participación activa de estas personas.