Los trabajos para exhumar a víctimas que se encuentran enterradas en el Valle de Cuelgamuros, 118 en el momento actual a petición de sus familiares, estaban previstos para comienzos de este año pero se enredaron en una maraña de recursos, medidas cautelares, licencias municipales para las obras y sentencias judiciales que los abocaron a la parálisis. Hasta ayer, cuando Moncloa anunció la reanudación de las labores para recuperar los restos del más de un centenar de víctimas de la Guerra Civil, buena parte de ellas originarias de Euskadi.

En una nota, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática explicó que el desbloqueo ha sido posible después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantara el pasado julio las medidas cautelares impuestas por el Juzgado número 10 de Madrid ante los diversos recursos presentados. Además, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial estableció que el Consistorio no tenía competencia para suspender la licencia de obra. Diversas voces han achacado esta trabas a un intento de la derecha política y judicial de evitar o retrasar en lo posible las exhumaciones.

Patrimonio Nacional se encargará de estos trabajos, financiados con un fondo de 650.000 euros del Ministerio que lidera Félix Bolaños, que asegura que el plan de exhumación tiene el aval del Consejo Médico Forense y los medios materiales necesarios, “sin crear falsas expectativas dada la complejidad de los trabajos, derivada del estado de los enterramientos”. Se ha explicado por activa y por pasiva que, más allá del permiso de los familiares, la recuperación de los restos dependerá de su estado y de la posibilidad de acceder a los mismos, lo que se empezará a dilucidar ahora.

El Ministerio informó de que estas tareas están lideradas por un equipo forense “de alta cualificación y experiencia”, que se encargará de hacer en la propia Basílica del Valle de Cuelgamuros –antes Valle de los Caídos– las primeras apreciaciones con muestras que serán después utilizadas para los análisis genéticos, a cargo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, dependiente del Ministerio de Justicia. Una vez sean identificados los restos de las víctimas que han sido reclamadas, se elaborarán los correspondientes informes técnicos forenses para entregarlos a sus familias. Por su parte, aquellos restos cuya identidad no sea reconocida se devolverán al correspondiente columbario.

Las víctimas, en el centro

Los trabajos se iniciaron ayer mismo para “terminar con el sufrimiento que esta situación estaba ocasionando a los familiares de las víctimas”, según el Ministerio. Recuerda además la “voluntad decidida del Gobierno de colocar a las víctimas de la guerra y la dictadura en el centro de su acción en materia de memoria”, así como de satisfacer los intentos de los familiares de recuperar los restos de sus seres queridos para “darles una sepultura digna”.

Más de 40 familias dan el paso

Recuperar a sus allegados. Gran parte de los intentos de familiares de víctimas enterradas en el Valle de los Caídos de recuperar sus restos proceden de Euskadi. El verano pasado, 37 ya habían obtenido el permiso para ver satisfecho su deseo y el resto estaban en curso, afirmó en agosto la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, en una entrevista a este medio. El Instituto de la Memoria que lidera se encarga de asesorar a las familias y les ayuda en todos los trámites, un “apoyo institucional” que fue destacado por la propia Ezenarro.

Primo de Rivera. Tras la exhumación de Franco del Valle en 2019 –se estima que allí hay enterrados 33.833 restos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil– está pendiente el traslado del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, el único cuerpo que permanece en una tumba individual. Sus familiares ya han iniciado los trámites para ello.