La guerra fiscal desatada por el Partido Popular con la supresión del impuesto de Patrimonio en las comunidades donde gobierna –ayer jueves fue Murcia quien anunció que muy probablemente seguirá a Madrid y Andalucía y también suprimirá este gravamen– encontró la respuesta del Gobierno español, anunciando por sorpresa que Hacienda prepara para 2023 un nuevo impuesto temporal para grandes fortunas, tal y como venía reclamando Unidas Podemos y que hasta ahora se había encontrado con la oposición frontal del PSOE.
Fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de anunciar que trabaja en un nuevo gravamen temporal para las grandes fortunas, que empezaría a aplicarse en 2023 y que solo afectaría a “personas millonarias”.
Esta propuesta, en la que según Hacienda lleva trabajando “semanas”, se conoce en un momento en que el impuesto de patrimonio ha ganado protagonismo después de que el gobierno andaluz decidiera suprimirlo en su territorio, como ya hace Madrid, y el de Murcia haya anunciado que estudiará esta posibilidad.
La propuesta de la ministra de Hacienda chocó con la oposición frontal de PP, Ciudadanos y Vox pero fue bien recibida por los socios parlamentarios del Gobierno.
Carácter temporal
De hecho, el impuesto para las grandes fortunas se basará en “un esquema similar” al de estos dos gravámenes, en el sentido de que tendrá carácter temporal, posiblemente con dos años de vigencia, aunque dependerá de la duración de la guerra en Ucrania.
La intención de la ministra es empezar a aplicarlo “lo antes posible”, a ser posible el 1 de enero de 2023, y solo afectará a “personas millonarias”, un umbral que no ha detallado pero que en cualquier caso estará por debajo del 1% de la población.
Por su parte, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, enmarcó este tributo en la negociación presupuestaria entre los socios de Gobierno y defendió que la propuesta parte de Podemos, que ya registró una iniciativa en ese sentido –gravar las fortunas a partir de 10 millones de euros con tipos de hasta el 5%– que fue rechazada con el voto en contra del PSOE. Eso sí, Podemos quiere que sea permanente y no temporal.
En cuanto a la forma que adoptará el gravamen, Montero se limitó a señalar que explora “diferentes alternativas”, sin aclarar si será un nuevo impuesto –lo que requeriría una ley propia– o una modificación de alguno existente, como el de patrimonio o el IRPF –en cuyo caso podía aprobarse en otra ley, como los Presupuestos–. Las grandes fortunas ya están sujetas al impuesto de patrimonio, un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas, que grava los patrimonios por encima de los 700.000 euros excluidos 300.000 euros de vivienda habitual, y que recauda 1.200 millones de euros al año.
Sin embargo, no todos los patrimonios tributan, ya que Madrid tiene bonificado el impuesto al 100 %, el gobierno andaluz, del PP, también bonificará en su totalidad este impuesto al igual que el de Murcia.
