El abogado del expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, admitió ayer que están “molestos” con el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que complica la estrategia judicial de Puigdemont y los exconsellers en Europa al dar la razón en su informe no vinculante al juez Llarena sobre las euroórdenes.

“Estoy convencido de que el Abogado General del TJUE se ha equivocado, confundido, ha omitido datos o vete a saber qué, pero vamos a esperar a ver qué dice el TJUE”, destacó Boye en una entrevista en Catalunya Ràdio.

En su opinión, más importante que lo que dice el Abogado General del TJUE es lo que “omite u oculta”, además de apuntar que sus conclusiones entran en confrontación con criterios establecidos por el mismo tribunal.

Si tuviéramos que ir a una cuarta euroorden, iríamos y, en esa ocasión, que no quepa la menor duda de que vamos a acreditar todo lo que nos piden acreditar”, advirtió el letrado, después de que el informe recogiera que la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los encausados por el 1-O reclamados por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España.

Según Boye, los audios del excomisario José Manuel Villarejo sobre la denominada Operación Cataluña “demuestran el fallo general” del sistema judicial español.

“El cúmulo de datos que tenemos es tan brutal, que no estoy seguro si la solución más sana era determinar que Llarena no era competente, en lugar de decir que España es incompetente”, subrayó el abogado, que aún no sabe para cuándo se espera el pronunciamiento final del TJUE.

Por su parte, el exconseller y eurodiputado Toni Comín también reconoció que no les gustó “nada” el posicionamiento del Abogado General del TJUE y, pese a apuntar que hay elementos para pensar que el tribunal puede no seguir su criterio, sí admitió que en el 90% de los casos dicta sentencias que recogen sus planteamientos.

Querella de Boye

En otro orden de cosas, el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid ha admitido la querella presentada por Gonzalo Boye por el espionaje sufrido con el programa Pegasus. Una admisión, en cualquier caso, parcial, ya que la jueza ha rechazado investigar a la empresa israelí NSO, propietaria del software espía.

La titular del Juzgado de Instrucción, María Cristina Díaz, ha acordado inadmitir la querella respecto a la empresa israelí, sus tres fundadores y otras dos mercantiles. Aun así, ha decidido que investigará si hay una “posible” vulneración de la intimidad y el secreto de las comunicaciones de Boye por parte de “otros”, tal y como refleja en un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

En el auto, la jueza insta a Boye a entregarle los teléfonos móviles que hayan sido “objeto de ataque” en las 18 ocasiones, entre enero y mayo de 2020, en las que al letrado le consta haber sido víctima de mensajes con enlaces maliciosos y “disfrazados de notificaciones”.

Junts

l Fija su rumbo político. Junts aprobará este fin de semana su rumbo político, estratégico y organizativo tras la elección en junio de Laura Borràs como presidenta del partido y Jordi Turull como secretario general, y con el futuro de la presidenta del Parlament en el aire tras su imputación. En esta fase del congreso, se aprobarán las ponencias organizativa, política, municipal y sectorial; y se harán públicos los resultados de la votación del nuevo presidente del Consell Nacional, que será el exconseller Josep Rull.