El consejero Pedro Azpiazu dejó caer el martes durante la presentación de las directrices presupuestarias que aún debe fijar los límites de deuda y déficit vascos del próximo año 2023, unas variables que se pactan de manera bilateral con el Estado español y que son nucleares para determinar la capacidad de gasto e inversión de la comunidad autónoma. Es un asunto pendiente. Pero, ¿había que leer entre líneas esas palabras? Este debate se convirtió en un polvorín en los dos últimos años por las largas que dio Madrid a la hora de convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico, e incluso el lehendakari amagó con plantar a la Conferencia de Presidentes denunciando una falta de respeto a la relación bilateral. Sucedió en dos veranos consecutivos, a la altura de julio, por esta época. Pero, en esta ocasión, no se avecina tormenta.
Fuentes de la consejería de Hacienda consultadas por este periódico aclaran que afrontan "sin tensiones" esta negociación y no hay gato encerrado en las posibles demoras para alcanzar un acuerdo. No son el síntoma de un pulso soterrado. Atribuyen cualquier retraso a que todas las instituciones están actuando con cautela antes de concretar más sus cuadros macroeconómicos, porque están pendientes de los efectos que pueden tener medidas como el desacople del precio del gas y la luz en la inflación, los costes energéticos de las empresas y el crecimiento económico.
En esta prudencia confluyen todos los gobiernos: Azpiazu ofreció un cuadro macroeconómico general el martes (4,1% de crecimiento para 2023 y 9,1% de paro, pero sujeto a la incertidumbre y los nuevos datos que se obtengan a finales de septiembre), y el Gobierno español no ha revelado aún su techo de gasto, aunque espera que se vea espoleado por los fondos europeos y la suspensión de las reglas fiscales en la Unión Europea, lo que convierte los límites de deuda y déficit en meras tasas de referencia, también en el caso vasco. Lo que se quiere trasladar con este dibujo es que ambas partes están a la espera, y en este caso, al contrario de lo que sucedió en 2020 y 2021, no hay detrás resistencias a alcanzar un acuerdo sobre el déficit y la deuda.
De hecho, podría darse el caso de que ahora se apalabren esas cifras y se ratifiquen más tarde en la Comisión Mixta. Eso sí, el acuerdo debería llegar antes del 15 de octubre, antes del Consejo Vasco de Finanzas, porque para entonces el Gobierno de Urkullu se tiene que mover con cifras más fijas para elaborar los Presupuestos.
¿POR QUÉ NO HAY DESENCUENTRO?
¿Por qué esta vez sí es posible una negociación sin tensiones? Parece que viene propiciado por un matiz importante: se van a pactar tasas de referencia, que no son de obligado cumplimiento. Tampoco lo fueron en 2020, pero eso se supo con posterioridad; ni en 2021, pero en ese caso confluían otros asuntos espinosos en la mesa como la concertación de nuevos impuestos. Habrá que ver si se mantiene el clima, también a futuro.
TENSIÓN ANTE LAS CONFERENCIAS DE PRESIDENTES
Salvo que se produzca una sorpresa de última hora, parece que esta vez se abordará con normalidad con el Ministerio de María Jesús Montero un diálogo que para el Gobierno vasco nunca tendría que haber salido de ese carril, ni entrar en una espiral de cuestionamiento de la bilateralidad. Se dejará así atrás un pulso que comenzó en 2020, cuando el Gobierno español se resistió a convocar la Comisión Mixta del Concierto. El telón de fondo de esa polémica radicaba en que el lehendakari pedía un margen mayor de déficit para cubrir la caída de la recaudación por la crisis del coronavirus. Alertó a Sánchez de que la situación era insostenible. Pero el Gobierno español recelaba de los cálculos de las diputaciones forales.
De ahí que no terminara de convocar la Comisión Mixta: se supone que debe ratificar acuerdos, pero no existía ningún pacto ni perspectiva de encontrarlo a corto plazo. El lehendakari amagó con plantar la Conferencia de Presidentes en La Rioja a finales de julio, y finalmente llegó el acuerdo.
En 2021, se reprodujo el mismo esquema en puertas de la Conferencia de Presidentes y también se consiguió un entendimiento in extremis no solo para las cifras de deuda y déficit, sino también para concertar nuevos impuestos, un punto clave en el orden del día porque iba a suponer una mayor recaudación. En aquel momento, como ahora, en realidad, se pactaron tasas de referencia y no límites en sentido estricto, lo que supone que son orientativos y no de obligado cumplimiento.
Se hizo entonces por el coronavirus, y ahora por el estallido de la guerra en Ucrania. La Unión Europea ha decidido extender esta medida de gracia hasta finales del próximo año. El lehendakari mantuvo un pulso para preservar la bilateralidad, en un momento en que el Gobierno español mostraba una falta de sensibilidad con esta cuestión convocando al mismo tiempo foros multilaterales como la Conferencia de Presidentes. La deuda y déficit de Euskadi se deben pactar en la Comisión del Concierto porque tiene sus propias haciendas, y no entra en el esquema del Consejo de Política Fiscal y Financiera que regula las relaciones con las autonomías de régimen común.
LOS FLANCOS ABIERTOS
El flanco que todavía queda abierto de manera clamorosa es el cumplimiento del Estatuto de Gernika, con las transferencias en barbecho y sin respuesta a las ofertas de la consejera Olatz Garamendi sobre cuestiones que en teoría también eran prioritarias para los socialistas, como el traspaso de inmigración, en su vertiente de autorización de los permisos de trabajo.TECHO DE GASTO
El respeto a la bilateralidad en materia económica se reivindicó también por parte del PNV en esos dos polémicos años: en 2021, Andoni Ortuzar dejaba como recado tras la presentación del techo de gasto estatal que para los jeltzales es más interesante ver cómo se traslada esa cifra a la realidad vasca, convocando la Comisión del Concierto. Horas después llegaba el acuerdo. El Gobierno de Pedro Sánchez espera presentar en julio el techo de gasto como antesala a los Presupuestos estatales. Serían las últimas Cuentas de la legislatura, tiene todo por hacer con sus socios, y le queda la prórroga como último recurso.
