Kepa Pikabea, Andoni Alza, Rafa Caride, Andoni Díaz Urrutia, Ibon Etxezarreta, Carmen Gisasola y Joseba Urrosolo, todos ellos exmiembros de ETA acogidos a la denominada Vía Nanclares, firman una carta en la que reclaman a los políticos de la izquierda abertzale que “asuman su responsabilidad” en la violencia desplegada durante décadas. En el texto, los exintegrantes de la banda, que renegaron de la actividad armada años antes de que ETA decretara el fin de la misma, consideran “inaceptable” que no la asuman los responsables políticos de la izquierda abertzale a quienes acusan de “esconderse” y “echar todo el peso sobre los autores de los atentados”. La misiva, trasladada el día en el que se cumplían diez años de la declaración del cese de la violencia el 20 de octubre de 2011, remarca que se ha “perdido demasiado tiempo” con “escenificaciones” como “el desarme o la desaparición” de ETA “cuando lo importante es la reflexión que hagamos sobre el daño que hemos causado”.Sobre el causado por otros será responsabilidad de ellos hacerlo” pero el ocasionado por ETA “deberá ser respondido por los que han sido sus militantes y los dirigentes políticos de su entorno”, señalan.

“No es lícito esconderse bajo tierra como los topos y dejar todo el peso sobre los autores de los atentados”, advierten estos exreclusos, que fueron expulsados del EPPK (Colectivo de Presos Políticos Vascos) por su adhesión a esta vía por la que se desvinculaban de la lucha terrorista, admitían el daño causado y solicitaban beneficios penitenciarios. En la carta resaltan que no eran pocos los presos que ya estaban a favor de ese paso en tanto que “creíamos que ETA no podía seguir adelante a ciegas, y esa convicción se hizo más patente tras el fracaso de Loiola”, apuntan en alusión a las conversaciones mantenidas por los socialistas, Batasuna y PNV para intentar poner fin a la violencia de ETA. Sin embargo, “con una gran ligereza, se dio paso a la decisión de continuar con las armas”. “Pero fuera, por miedo a lo que pudiera venir, y para contrarrestar la decisión de ETA, la izquierda abertzale comenzó a moverse”, precisan.

Por ello, en este escenario, “algunos presos, sin esperar a las decisiones de nadie”, empezaron a posicionarse de manera individual. “Es decir, dimos por finalizada la lucha armada, admitimos el daño causado y dimos pie a solicitar beneficios penitenciarios (acercamiento, permisos de salida, cambios de grado, etc). Comenzamos a acceder a derechos que hasta entonces nos prohibíamos a nosotros mismos o que nos autoprohibían”, evocan. Justo lo que han empezado a hacer los reclusos de ETA una década después, “Conocemos a más de uno que no llegó a dar los pasos que nos atrevimos a dar nosotros por miedo a que él y sus familiares fueran perseguidos en el pueblo, y ahora a los presos se les pide que den esos pasos, porque nadie los descalificará en el pueblo. Hasta pueden trabajar en los talleres de la cárcel para no asfixiar económicamente más a sus familias sin que les digan que colaboran con la cárcel”, plasman. En este sentido, se refieren a “los responsables de las oportunidades perdidas para negociar -en Argel, Lizarra, Loiola, etc-, de dirigentes que niegan haber militado en ETA, de persecuciones en los pueblos a la gente que discrepaba, de los que en los juicios nos pedían insumisión y que, viéndose en apuros, decían que solo hacían política y agachaban la cabeza ante la fiscalía”. “Su estrategia política fue un error y no reconocieron el daño causado por la lucha armada”, aseveran.

Retrotrayéndose en el tiempo, los expresos adscritos a la Vía Nanclares recuerdan que aquel 20 de octubre de 2011 se encontraban en la antigua cárcel alavesa. “Nos trajeron en pequeños grupos desde diferentes prisiones del Estado, como Asturias, Burgos o Zaragoza. Este proceso comenzó en 2008. No éramos un grupo muy grande los que decidimos venir a Nanclares, pero sí una foto significativa de la militancia de ETA”, rememoran sobre el momento en que apostaron por hacer autocrítica. “Teníamos claro, como militantes, que era necesaria una reflexión crítica sobre el pasado” y que tenían que dirigirse a la sociedad. “Por eso difundimos nuestros artículos de opinión y entrevistas, y nos reunimos con agentes sociales, políticos y víctimas, ayudando a cerrar heridas para dar paso a una nueva convivencia”, argumentan. En ello estaban en vísperas de que ETA declarara el fin de la lucha armada. “Nos juntamos con dos víctimas de la violencia en el taller para la convivencia, como grupo, y nos dieron más certeza para seguir en el camino emprendido. Posteriormente, nos reunimos con otras víctimas y amenazados”, por ejemplo con Maixabel Lasa, viuda del ex gobernador civil de Gipuzkoa, Juan María Jáuregui.

Dolor causado

Diez años después, estos expresos denuncian que “se ha perdido demasiado tiempo, dando paso a la mera escenificación del desarme y desaparición de ETA, aunque se supiera que lo urgente era una reflexión sobre el dolor causado”. “Del dolor causado por los demás, tendrán que responder los que lo han causado, pero del causado por ETA, tenemos que responder los que fuimos militantes y los dirigentes políticos del entorno de ETA”, valoran. En cuanto al GAL y las torturas, reseñan que “se dice que hay responsables directos de los actos y responsables políticos, tan responsables son unos como otros”, pero también creen que eso es extensible a su caso. “Por eso, es inadmisible que, desde la responsabilidad política, no se asuma ninguna responsabilidad de lo ocurrido”. Por todo ello, reprochan que se quiera “responsabilizar de lo ocurrido” a los que fueron “castigados” con la prisión “y a los que aún siguen presos”. “Es lo que queda por hacer diez años después”, zanjan.