La gris y amurallada cárcel de Lledoners ha servido de parada, que no de estación de llegada, para que Esquerra y Junts limen sus diferencias de cara a un pacto de Govern para el que los posconvergentes no tienen prisa. Lo había anticipado antes del cónclave la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, desmarcándose de las urgencias republicanas y casi desactivando la trascendencia de la cita: “Mejor tomarse el tiempo necesario para alcanzar no un acuerdo de investidura sino un buen acuerdo de legislatura”. Apenas tres horas después el centro penitenciario ha acogido, desde las 17.15 horas, la cumbre en la que han participado Pere Aragonès, Oriol Junqueras y Josep Maria Jové, por ERC, y Jordi Sànchez, Elsa Artadi y Josep Rius, por parte de JxCat. El candidato a president les ha desgranado en primera persona la estructura del Ejecutivo que pretende liderar, con una sacudida al actual organigrama, mientras que desde Junts hay dos almas: la que abandera Laura Borràs, que no le importaría investir a Aragonès y pasar a la oposición, y la más tradicional que aspira a mantener presencia en las instituciones, donde además buscan acomodo dos centenares de cargos en sus filas. El reloj avanza hacia el 26 de mayo y difícilmente habrá fumata blanca antes del 1 de mayo, como ansía Esquerra.

Hay tres premisas indispensables para ERC: un gobierno paritario, que las consellerias no sean compartimentos estancos de partido y que haya tres de nueva creación -Igualdad y Feminismo, Acción Climática y Universidad y Conocimiento- que absorberían otras ya existentes para continuar con un número cercano a trece. Desde la formación de Carles Puigdemont se sacuden la presión y prefieren madurar el asunto. Si el sábado todo sigue igual, hasta los republicanos comenzarán a explorar la opción de gobernar en minoría, algo que respaldaría hasta la CUP con su acuerdo de mínimos. Al menos, la confianza en un nuevo gobierno de coalición reside en que ya se ha cerrado el mecanismo de coordinación para vigilar la relación entre los posibles socios para evitar reproches en público. También hay avances en políticas sociales. Pero la gran traba es la hoja de ruta hacia la independencia, con el apartado especial del funcionamiento del Consell per la República. El partido de Junqueras no quiere tutelas desde Waterloo, y Junts demanda un plan b en caso de que fracase la propuesta de ERC de dar dos años de margen al Gobierno español para que fructifique la mesa de diálogo. Al menos, hoy ambas partes han acabado “satisfechas y conjuradas” para formar un gobierno independentista.

“No vamos tarde, vamos tardísimo”, ha descrito en paralelo el diputado de la CUP en el Parlament, Xavier Pellicer, afeando a ERC y Junts que “sigan encallados en despachos de espaldas a la ciudadanía y a las necesidades sociales” pese a la situación de emergencia y la necesidad de abrir un nuevo ciclo en Catalunya. “Se alargan las viejas recetas de no ir a ninguna parte”, ha lamentado. Los anticapitalistas precisan que no les parece mal que JxCat se quede al margen del Ejecutivo pero en todo caso no hay ánimo de los antisistema por entrar en este órgano. El documento que pactaron hace semanas con los republicanos incluye una revisión de su consenso en el ecuador de la legislatura, en 2023, cuando el president se someta a una cuestión de confianza. Sería entonces cuando la CUP se repensaría su rol.