BILBAO - Diputados del PNV, EH Bildu, ERC, En Común Podem y En Marea visitaron ayer a los siete jóvenes de Altsasu que cumplen condena en la cárcel de Zaballa por la agresión a dos guardias civiles y calificaron de “injustas” las penas impuestas por lo que consideran una “pelea de bar”, en un caso que, en su opinión, refleja la “deriva represiva” del Estado.
La delegación ha estado compuesta por Joseba Agirretxea (PNV), Gabriel Rufián (ERC), Marta Sibina (En Comú Podem), Alexandra Fernández (En Marea) y Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu). Los siete jóvenes fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de 9 y 13 años de cárcel por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 pero en contra del criterio de la Fiscalía ese tribunal descartó que fueran hechos de carácter terrorista y los calificó de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenaza. Esta sentencia ha sido recurrida y todavía no es firme.
A su salida de la visita y en declaraciones a los medios de comunicación Agirretxea remarcó que no hubo un delito de terrorismo, algo que la Audiencia Nacional ha reconocido en sentencia aunque, según ha dicho, la condena tampoco es equiparable a lo que debería corresponder por una “pelea de bar de un viernes a la noche”. “Alguien decidió que quería que fuera terrorismo cuando no lo fue”, reiteró el diputado del PNV. Beitialarrangoitia aseguró por su parte que es difícil de entender que los miembros de La Manada, que calificó de “verdaderos peligros” para la sociedad, estén en libertad esperando sentencia firme y no suceda lo mismo con estos jóvenes, que han visto “truncada” su vida por una “pelea de bar”.
La diputada de la coalición soberanista denunció el abuso de la prisión preventiva que se da en algunos casos y la situación “grave” e “injusta” que están viviendo estos jóvenes, que para el diputado de ERC han sido utilizado como “cabeza de turco”. Rufián denunció asimismo las “irregularidades flagrantes” que se dieron en el juicio a estos jóvenes, “empezando por una jueza que es mujer de un guardia civil”.
La representante de En Comú Podem emplazó a la ciudadanía a seguir denunciado lo que ve como una “atrocidad” y calificó de “surrealista” un caso que como madre de dos hijos de edades parecidas a los condenados le afecta.
También se solidarizó con estos jóvenes la representante de En Marea, quien aseguró que este hecho en cualquier otra parte de España no hubiera pasado de una pena de diez meses. “La “represión” del Estado es “cada vez mayor”, con raperos y tuiteros “entrando en la cárcel”, señaló. - Efe
