Antón Losada: “La derecha y una parte de la izquierda deben reconocer que somos un Estado plurinacional”

Ustedes señalan que la Constitución fue el resultado de un pacto forzado por las circunstancias. ¿Qué circunstancias y quién las forzó?

-Se debía dar entrada a la Corona, había una profunda inestabilidad económica y política y estábamos fuera de Europa. En esas circunstancias se hizo lo que se pudo.

¿La cuestión territorial fue uno de los temas más difíciles de encajar?

-El concepto de soberanía de las nacionalidades estaba fuera de la cuestión y no llegó siquiera a plantearse. Hubo un pacto no escrito. Los nacionalistas y los partidos de izquierda renunciaron a plantear ese debate precisamente por las circunstancias de inestabilidad económica y política, y por estar en Europa. La derecha, por su parte, aceptó el Estado de las Autonomías porque era consciente de que no podía imponer su voluntad de manera democrática.

A su entender, para la izquierda la Constitución era un punto de partida, pero para la derecha de llegada.

-Sí, la derecha tenía claro que eso era un punto de llegada. Y así, en los años 80 y 90 ese pacto implícito, no escrito, aguantó. El problema es cuando en la segunda legislatura de Aznar la derecha dice eso, que el 78 se trataba de un punto de llegada. Ello provoca la reacción de los nacionalistas que dicen que ellos pensaban que la Constitución era un punto de partida. El pacto implícito del 78 ha caducado y eso ha desembocado en que el conflicto territorial haya aflorado con toda su contundencia.

¿No conceder a Andalucía el mismo estatus que a Catalunya, Euskadi y Galicia fue un error?

-No, no. Un error fue conceder a otras nacionalidades el mismo estatus que tenían Catalunya, Euskadi o Galicia.

El ‘café para todos’ que se dijo.

-En el Estado español hay territorios y comunidades que tienen la voluntad de constituirse como nación, como es el caso de Catalunya y creo que Euskadi si se planteara así. En Galicia no creo que es mayoritario, pero hay un porcentaje importante de la población que tiene esta percepción. El resto de las comunidades, no. Cuando los nacionalistas hablamos de reconocimiento nacional, hablamos de eso, de que en España se reconozca a una serie de comunidades que son naciones. Otras quieren ser comunidades muy avanzadas, pero no quieren ser nación. Andalucía nunca ha tenido voluntad de ser nación.

Usted asegura que el ‘plan Ibarretxe’ no tenía planteamientos de decisión unilateral, sino un proceso de negociación del Estado.

-Era un proceso de negociación de igual a igual. Hay que decir que la vía unilateral tampoco ha servido de mucho a los catalanes. ¿Cuál es el problema? Que no se puede negociar de igual a igual. El Parlamento Vasco y el Parlamento español no están al mismo nivel. El Parlamento español tiene la capacidad de revisar, de reformar, de reducir o de cambiar la propuesta de Estatuto de Catalunya o de Euskadi. Lo único que puede visibilizar un nuevo pacto que permita que Catalunya o Euskadi se planteen mantenerse en el Estado español es que se reconozca su condición de nación y, por lo tanto, sea un pacto entre iguales. ¿Cuál es el problema? Que no hay una relación de igual a igual porque se depende del Parlamento español. Si España es algo, es un Estado plurinacional. La derecha y una parte de la izquierda deben reconocer que somos un Estado plurinacional.

¿La efervescencia soberanista en Catalunya hay que buscarla en el cepillado del Estatut como dijo Guerra o en cuestiones económicas?

-Hay que buscarla primero en la segunda legislatura de Aznar, que explicita de forma clara que la derecha no está dispuesta a ir más allá de la Constitución del 78. Y creo, además, que hay que buscarla en el convencimiento de la sociedad catalana de que no se les va a dejar seguir avanzando. Asimismo, creo que consideran que es un atraso pasar por Madrid para tratar cuestiones con Europa. No hay un único factor, sino que se dan múltiples circunstancias. Lo que hay es una demanda social. ¿Que luego de manera oportunista se sumen una parte de los cuadros de Convergencia? Sin duda. Pero la demanda está ahí. Y los problemas de corrupción no anulan esta demanda social.

¿Tienen razón quienes dicen que un Concierto en Catalunya como en Euskadi hubiera arreglado todo?

-No es solo un problema de dinero, es un problema de reconocimiento político y simbólico. El dinero es importante, pero sobre todo es más importante que reconozcan que Catalunya es una nación.

Ustedes señalan que la aplicación del artículo 155 supuso la quiebra de la Constitución. ¿Por qué?

-El artículo 155 no estaba previsto para este tipo de cuestiones, sino para cuestiones como la de Canarias (se negaba a aplicar la desaparición de aranceles que establecía el Tratado de Adhesión a Europa al considerar que les perjudicaba económicamente, y el Gobierno de Felipe González advirtió con aplicar el 155). El Gobierno y el Senado se extralimitaron al aplicar el artículo 155 en Catalunya, en una decisión, cuanto menos, constitucionalmente discutible. Y que el presidente español convoque las elecciones en Catalunya es algo muy discutible constitucionalmente.

¿En qué punto nos encontramos? ¿Cree que hay dos vías, la de Junqueras por un lado y la del tándem Puigdemont-Torra por otro?

-Sí. Hay un dilema estratégico muy claro. Por un lado están los que creen que hay que seguir manteniendo el conflicto y al final obligarán al Gobierno español a sentarse, y los que creen que esa vía ya se agotó y abogan por la vía institucional para avanzar desde las instituciones. Eso es algo que está paralizando la unidad de acción independentista y que no se va a resolver hasta que se celebran las elecciones municipales y se vea cuál de las dos opciones tiene más respaldo.

En Madrid, PP y Ciudadanos pelean por ver quién se otorga el mérito de parar a los soberanistas.

-Hasta ahora una reforma constitucional era imposible porque el PP tenía la capacidad de vetarla al ser el único representante de la derecha. Aprovechaba esa ventaja estratégica para bloquear cualquier intento de reforma. Ahora, la derecha se ha quebrado. No va a haber un único partido y se abre la posibilidad real por primera vez en cuarenta años de reformar la Constitución. Si uno de los partidos de la derecha entra en el juego de la reforma, los números dan. La duda es ver quién decide entrar en la reforma y quién se queda fuera.

En Euskadi también se debate un nuevo estatus. ¿Se abre otro frente en la unidad de la patria española?

-Esto es imparable. Ahora el nacionalismo se prepara para cuando haya encima de la mesa una reforma constitucional. Cuando se abra el debate se darán dos opciones. Una que significará más derechos sociales y políticos y más descentralización, y otra que ofrecerá más recentralización.

Ahora, cuarenta años después, ¿se va a tener que hincar el diente al debate de la cuestión territorial?

-Se va a tener que abrir este melón. Ya no hay circunstancias que lo impidan. No hay inestabilidad política, España es una democracia consolidada y estamos en Europa, donde este debate se plantea sin problemas. El debate de la reforma constitucional y la cuestión territorial va estar en la campaña de las próximas generales y se deberá abordar en la próxima legislatura. Si no, lo que ha pasado en Catalunya puede suceder en Euskadi. Las demandas políticas son como el agua, si no las encauzas pueden desbordarse.